La alarmante verdad sobre la educación en Colombia que nadie quiere decir

La falta de datos confiables y la fragmentación de la información están frenando los esfuerzos por reducir la brecha educativa en Colombia. Según Empresarios por la Educación (ExE), el país necesita avanzar hacia una gestión basada en evidencia, con inversiones estratégicas en interoperabilidad y una plataforma nacional que permita transformar los datos en herramientas reales para mejorar la permanencia y el aprendizaje de los estudiantes.

El vacío de información que afecta la política educativa

Uno de los principales obstáculos identificados es la pérdida de series históricas de datos clave. La suspensión en 2023 de la Encuesta de Educación Formal (EDUC), principal fuente de información sobre infraestructura escolar, dejó sin medición actualizada el acceso a dispositivos, conectividad a internet y suministro eléctrico en las instituciones educativas. Esta herramienta, que se venía aplicando desde 2013, permitía monitorear el progreso en condiciones básicas para el aprendizaje, especialmente en zonas rurales. Su interrupción genera una “ceguera de datos” que complica la toma de decisiones en políticas públicas educativas.

Paola Caro, líder de Datos y Uso de Evidencia en ExE, advirtió que la reformulación del instrumento ha generado un vacío técnico que afecta la planeación efectiva. “Para 2024 y 2025 no tenemos datos sobre cómo ha evolucionado la disponibilidad de equipos de cómputo en las sedes educativas”, señaló, subrayando que sin esta información, es imposible diseñar intervenciones focalizadas ni evaluar el impacto real de las inversiones.

Una plataforma nacional como solución estratégica

Para superar esta fragmentación, ExE propone el desarrollo de una Plataforma Nacional de Información Educativa articulada, con una inversión estimada de 6.310 millones de pesos, equivalente al 0,09 % del Presupuesto General de la Nación destinado a educación. Este proyecto no busca solo centralizar datos, sino establecer un Marco Nacional de Interoperabilidad que permita integrar sistemas, proteger la información personal y garantizar la trazabilidad en su uso.

La iniciativa se alinea con la Ley 2052 de 2020 y el Decreto 620 de 2020, que promueven la gobernanza digital y el uso ético de los datos. Caro enfatizó que “mejorar la calidad educativa no depende de una sola reforma. Requiere gobernanza ordenada, talento humano calificado, evaluación como brújula del mejoramiento e información como un activo estratégico”.

Infraestructura física y datos: dos pilares complementarios

• La infraestructura escolar debe entenderse como un ecosistema que incluye servicios básicos como electricidad e internet.
• La dotación pedagógica y tecnológica debe responder a necesidades reales, identificadas mediante datos actualizados.
• El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) ofrece indicadores clave para monitorear el uso del presupuesto y su impacto territorial.

Integrar estos datos permite saber no solo dónde se invierte, sino también si esos recursos están llegando a quienes más lo necesitan.

El aporte del sector privado en la innovación educativa

El informe “Empresas, Sociedad Civil e Inversión Social en Educación”, elaborado por ExE junto con la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) y la Fundación ANDI, destaca el rol del sector privado en la innovación educativa. Para evitar la dispersión de esfuerzos, se impulsa el Sistema de Información de Iniciativas y Programas en Educación (SIIPE), que permite mapear, medir y articular las inversiones sociales de empresas y cajas de compensación.

El objetivo es que los líderes educativos —en rectorías y secretarías de educación— utilicen esta información para diseñar programas que impacten realmente en indicadores críticos como la deserción escolar y la repetición. La transición de la toma de decisiones basada en la intuición a una gestión guiada por evidencia es clave para garantizar el derecho a aprender en la era digital.

Mira tambien: