Los ejércitos del mundo ocultan su huella de carbono

En el corazón de la política climática mundial persiste una laguna jurídica que no es casualidad. Desde la adopción del Protocolo de Kioto en 1997, las emisiones generadas por actividades militares fueron excluidas de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Años después, incluso el histórico Acuerdo de París mantuvo la notificación de esas emisiones como una medida voluntaria, lo que ha derivado en una omisión sistemática por parte de los principales países emisores.

El vacío jurídico que perpetúa las emisiones militares

Estados Unidos, China y Rusia, los tres mayores gastadores en defensa a nivel global, prácticamente no presentan datos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La mayoría de los ejércitos declara que menos del 10 % de su huella de carbono corresponde a sus operaciones, una cifra que dista mucho de la realidad.

El silencio de los gobiernos es cuantificable. En los primeros 14 días de la guerra de 2026 entre Estados Unidos e Israel contra Irán se emitieron alrededor de 5 millones de toneladas de CO₂. Los ataques israelíes a Gaza generaron 33,2 millones de toneladas equivalentes de CO₂ en enero de 2025, considerando también la fase de reconstrucción. La invasión rusa de Ucrania ha sumado cerca de 230 millones de toneladas en tres años, equivalentes a las emisiones anuales combinadas de Austria, Hungría, la República Checa y Eslovaquia.

Los ejércitos no están obligados a contabilizar ni a informar estas cifras. Sin embargo, estudios estiman que las fuerzas armadas son responsables del 5,5 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, sin incluir las emisiones directas de los conflictos armados. Cada dólar invertido en defensa produce más del doble de emisiones que un dólar gastado en cualquier otro sector económico. El gasto militar mundial alcanzó los 2,7 billones de dólares en 2024 y, de mantenerse la tendencia, podría llegar a 6,6 billones para 2035.

Algunos críticos sostienen que exigir a los militares la publicación de sus emisiones comprometería la seguridad operativa, ya que datos sobre consumo de combustible y logística podrían revelar información sensible. No obstante, la información no tiene por qué ser en tiempo real ni detallada a nivel táctico. Los informes anuales agregados, verificados de forma independiente, ya son una práctica viable: las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU publican sus emisiones y han conseguido reducirlas gracias a esa transparencia.

Sin un registro fiable, el CO₂ emitido no puede rastrearse, mitigarse ni compensarse. Los conflictos que quedan fuera del escrutinio climático ocultan su verdadero costo humano y ambiental, mientras los sectores militares continúan exentos de rendir cuentas. Las promesas de alcanzar cero emisiones netas pierden sentido si el mayor emisor, que no informa, sigue invisible en los datos.

Los efectos visibles de esta exclusión son alarmantes: columnas de humo sobre Fujairah, observables desde el espacio; lluvias negras y malolientes que cayeron sobre Teherán en marzo tras el bombardeo de depósitos petroleros; agricultores yemeníes que ya no pueden bombear agua para sus cultivos; y la desaparición de la foca monje del Mediterráneo, que había sido avistada por primera vez frente a las costas de Gaza como signo de recuperación, pero desapareció cuando Israel destruyó las plantas desalinizadoras que habían limpiado el agua.

Ali (nombre cambiado), científico climático iraní que analizó los impactos atmosféricos de los bombardeos, prometió profundizar su estudio usando datos satelitales. “Si sobrevivo, lo haré”, escribió en su último correo a WIRED Middle East.

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