La tentación del fracking: Por qué México importa gas natural si abunda en su territorio

México se ubica como el sexto país del mundo con mayores reservas de gas de lutita (shale) y, pese a ello, importa alrededor del 75 % del gas natural que consume, prácticamente todo desde Estados Unidos. En 2024, el 60 % de la energía nacional se generó en centrales de ciclo combinado alimentadas con este mismo combustible, lo que convierte la dependencia externa en un tema de seguridad energética y política, sobre todo en el actual clima de tensiones con el vecino del norte.

Ante esta situación, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado la creación de un grupo de académicos que, en los próximos dos meses, entregará un informe sobre la viabilidad de la fracturación hidráulica (fracking) como alternativa para alcanzar la soberanía energética del país.

Fracking: ¿una solución o un nuevo riesgo?

La fracturación hidráulica consiste en inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y aditivos químicos en formaciones rocosas profundas para crear fisuras que permitan la liberación de gas y petróleo atrapados. La técnica se emplea desde la década de 1950, pero fue a partir de los años 1990 y 2000, con la incorporación de tecnologías de perforación horizontal y de “slickwater”, cuando surgió el auge del shale en EE. UU., cuyo gas natural pasó del 7 % al 70 % de la producción nacional entre 2007 y 2018, consolidándolo como el mayor productor mundial.

En México, la reforma energética de 2014 abrió la puerta a la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales. Hasta la fecha se han perforado más de 33 000 pozos, de los cuales más de 8 000 han sido sometidos a fracking, concentrándose principalmente en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León.

La controversia sobre los impactos ambientales y sociales del fracking persiste. Los principales riesgos identificados son:

• Consumo de agua: cada pozo puede requerir entre 2 y 5 millones de galones de agua, y en operaciones intensivas más de 10 millones. Gran parte de este recurso se queda en el subsuelo, dificultando su recuperación.
• Contaminación de acuíferos: la ruptura de sellos o la migración de fluidos puede contaminar fuentes de agua potable, como ocurrió en Pensilvania entre 2011 y 2014.
• Emisiones de metano: el gas de lutita está compuesto mayormente por metano, un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO₂. Las fugas durante la perforación y producción pueden superar los beneficios de reemplazar al carbón.

Según la Agencia de Información Energética de EE. UU. (EIA), México posee 545 billones de pies cúbicos de recursos recuperables de gas shale, ubicados en cuencas como Chihuahua, Sabinas‑Burro‑Picachos, Burgos, Tampico‑Misantla y Veracruz. No obstante, la mayor parte de estos yacimientos se encuentran en regiones con alto estrés hídrico: el 67 % de los municipios de Chihuahua, el 56 % de Tamaulipas y el 25 % de Nuevo León presentan algún grado de sequía.

En el plano económico, la sobreproducción de gas en la cuenca del Permian (Texas) ha generado precios negativos en determinados momentos, lo que obliga a los productores a pagar por la eliminación del gas. Este gas barato cruza la frontera y alimenta gran parte del consumo mexicano, reforzando la dependencia del suministro estadounidense.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático estima que la expansión del fracking en México podría añadir entre 1,04 y 1,33 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año para 2030, lo que representa menos del 0.2 % de las emisiones totales del país, pero cerca del 2 % del sector petrolero y de gas.

Si bien la industria ha adoptado algunas mejoras—como la reutilización de aguas residuales, el uso de fluidos alternativos (CO₂ espumado) y sistemas de monitoreo en tiempo real—los datos indican que el consumo de agua por pozo en EE. UU. aumentó un 770 % entre 2011 y 2016, y la generación de aguas residuales creció un 1 440 % en el mismo periodo, lo que sugiere que los avances son insuficientes frente a la magnitud del problema.

El debate en México no se limita a la viabilidad del fracking, sino que plantea la cuestión de si la inversión y el enfoque regulatorio deberían dirigirse a una transición acelerada hacia fuentes de energía verdaderamente limpias, como la solar, la eólica y el almacenamiento de energía, que no dependen de la extracción intensiva ni generan emisiones directas de CO₂.

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