Donde antes había selva, ahora quedan pozos de agua con mercurio: La fiebre del oro arrasa con la Amazonía peruana

Hace tres años, el fiscal de la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente de la región de Madre de Dios, Carlos Chirre, llegó al puerto de un distrito amazónico acompañado de policías y funcionarios, solo para encontrarse con una multitud de unas 80 personas armadas con palos y amenazas de muerte. Tras un operativo contra la minería ilegal en el río Coloro, donde la comitiva había destruido quince dragas sin lograr detener a los responsables, la gente exigía a gritos la liberación de sus compañeros detenidos. “Quemaron algunos botes de la comitiva; no pudimos actuar porque temíamos que incendiaran las camionetas que habíamos dejado cerca. Sin ellas no podíamos regresar a la ciudad”, recuerda Chirro. En medio del fuego, una mujer de la muchedumbre le dijo: “Así interdicta el pueblo”.

La violencia que se vivió entonces no ha disminuido. La minería de oro en la zona se ha convertido en una verdadera fiebre que avanza sobre los ríos y las comunidades indígenas, utilizando una técnica simple pero altamente contaminante: la extracción aluvial con dragas y el empleo de mercurio para amalgamar el mineral. Aunque el Decreto Legislativo 1100, promulgado en 2012, prohíbe el uso de dragas en los cauces fluviales por su devastador impacto ambiental, la práctica persiste y la Fiscalía sigue persiguiendo a sus operadores.

Impacto ambiental y social de la minería ilegal en Madre de Dios

El oro se concentra en los sedimentos de los ríos, por lo que basta con remover la tierra y lavarla con mercurio para extraer el metal. Este proceso no solo altera la morfología del lecho del río y destruye hábitats acuáticos, sino que también libera mercurio, un elemento tóxico que se bioacumula en los peces, principal fuente de alimento de las comunidades amazónicas. Según la directora de la Agencia de Investigación Ambiental en Perú, Julia Urrunaga, “el envenenamiento por mercurio afecta directamente la salud de los pueblos indígenas que dependen del río para su sustento”.

El río Madre de Dios es el más afectado, con al menos 150 concesiones mineras que atraviesan sus cauces. Los ríos y sus franjas marginales son bienes públicos, protegidos por la Ley General de Aguas de 1969 y la Ley de Recursos Hídricos de 2009, que prohíben actividades que alteren la calidad del agua o limiten su acceso. Sin embargo, durante décadas el Estado aprobó concesiones que se superponen a los cuerpos de agua, facilitando la ocupación ilegal.

Entre 1970 y 2010, el entonces Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (hoy Ingemmet) y las Direcciones Regionales de Energía y Minas otorgaron 2 692 permisos en Madre de Dios. En 2010, el Estado suspendió la adjudicación de nuevos títulos y delimitó áreas para la minería artesanal, pero el daño ya estaba hecho.

Mongabay LATAM analizó imágenes satelitales y cientos de expedientes mineros, identificando 1 040 concesiones activas en la región. De esas, al menos 215 derechos mineros cruzan cinco ríos –Madre de Dios, Inambari, Los Amigos, Las Piedras y Coloro– a lo largo de más de 219 kilómetros. Los afluentes más afectados son el Madre de Dios y el Inambari, donde se han documentado operaciones de dragas en varios puntos.

En julio de 2025, una draga fue captada en la desembocadura del río Coloro, dentro de la concesión “Acumulación Los Venos”, titularizada a nombre de Hilda Matheus Bejar, una de las escasas personas que logró cumplir los requisitos ambientales para figurar en la lista de mineros formales. Sin embargo, en el límite norte de su concesión se observó la misma maquinaria, evidenciando que la normativa no se respeta.

Al sur, la concesión “Vicente 18”, adjudicada a Florencio Matheus Bejar (hermano de Hilda), fue bloqueada en 2014 por incumplimiento de pago, pero las imágenes siguen mostrando al menos dos dragas operando dentro de su zona en 2025. Ambas parcelas se ubican en la comunidad nativa San José de Karene, habitada por la etnia Harakbut, cuya población ha denunciado la presencia de mineros ilegales desde hace décadas.

Un comunero indígena, que pidió permanecer anónimo por temor a represalias, explicó que los mineros llegaron después de que los concesionarios “abrieran el camino”. “Antes era territorio ancestral, ahora está lleno de dragas. Ya no podemos hacer nada”, afirmó.

El vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, señala que existe un vacío legal: los concesionarios no están obligados a asumir responsabilidad administrativa o penal por la ocupación de sus títulos por invasores, pues pueden alegar que los operarios son ilegales y que la autoridad no tiene competencia para sancionarlos.

Según el fiscal Chirre, en los operativos es difícil distinguir entre trabajadores contratados por los concesionarios y invasores. “Los que huyen cuando llegan las fuerzas de interdicción son los que logran escapar. Los que quedan son los que intentan sabotear la draga o se quedan sin combustible. Cuando son capturados, suelen decir que son agricultores o que fueron llamados para un trabajo puntual”, explicó.

Los detenidos son, en su mayoría, migrantes de la sierra central y sur que prefieren no declarar su identidad, pues suelen quedar en libertad tras una investigación preliminar. Chirre estima que solo en una de cada diez interdicciones se logra detener a los operarios de dragas, y que identificar a los promotores o financistas es extremadamente complejo.

Los recursos humanos y materiales de la Fiscalía son escasos, y la falta de inteligencia adecuada dificulta la prevención de nuevas operaciones. La especialista en derecho ambiental de la ONG CooperAcción, Ana Leyva, denuncia la aprobación de concesiones sobre fuentes de agua como una “incoherencia normativa que solo abre la puerta a la ilegalidad”.

El marco legal carece de una prohibición expresa que impida al Ingemmet y a las direcciones regionales otorgar concesiones sobre cuerpos de agua. Las autoridades argumentan que la titularidad no equivale a una autorización de explotación, que requeriría permisos ambientales adicionales, pero en la práctica la mera existencia del título permite a muchos operar sin ningún permiso.

El cruce de datos muestra que 153 concesiones mineras vigentes se superponen con ocho comunidades nativas de Madre de Dios: Arazaire, Boca del Inambari, El Pilar, Puerto Arturo, San Jacinto, San José de Karene, Shiringayoc y Tres Islas. En total, 12 768 hectáreas de territorio comunal están afectadas, una superficie mayor que la del distrito de Cusco.

En la comunidad nativa Arazaire, la lucha por la nulidad de 11 concesiones que atraviesan el territorio se remonta a 1991, cuando el líder indígena José Tijé Huarao presentó su solicitud. El Estado respondió en 1999 declarando improcedente la petición, argumentando que solo el titular y el Estado pueden participar en el proceso de cancelación.

El 14 de julio de 2020, José Tijé falleció a causa del COVID‑19, dos días después de que el Ministerio de Energía y Minas formalizara a varios mineros que operaban dentro de la comunidad. En noviembre de 2025, la plataforma de monitoreo de minería de la Conservación Amazónica detectó 85 alertas de deforestación por actividad minera en Arazaire, y los residentes ya perciben la contaminación de sus fuentes de agua.

En San Jacinto, habitada por la etnia Shipibo‑Konibo, la situación es similar. La comunidad ha sido atravesada por veinte concesiones que cubren 907 hectáreas, y en julio de 2025 se observaron al menos nueve dragas operando dentro de la concesión “Playa Villa Vista 2007”, ubicada en el cauce del río que sustenta al poblado.

El exdirector regional de Energía y Minas, Augusto Villegas, explicó que la anulación de concesiones de oficio solo es posible mediante sentencia judicial, ya que los títulos son considerados derechos adquiridos. En la comunidad nativa Tres Islas, la falta de información cartográfica oficial impidió detectar la superposición de concesiones con territorio indígena durante la evaluación de solicitudes.

El gobernador regional, Luis Otsuka Salazar, posee la concesión “K‑1”, de 300 hectáreas, que se superpone parcialmente con la comunidad de Tres Islas. Imágenes satelitales de julio de 2025 muestran montículos de tierra removida, aguas amarillentas y una draga operando dentro de la zona concesionada. A pesar de una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció la autonomía territorial de Tres Islas y una acción de amparo que ordenó la nulidad de los derechos mineros, en 2024 el propio gobernador anuló las resoluciones que habían cancelado sus concesiones, dejando activas al menos 23 títulos mineros en el catastro.

El mecanismo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), implementado desde 2016, ha permitido que más de 2 200 mineros continúen extrayendo oro mientras se dilata su proceso de regularización. El Reinfo otorga inmunidad frente a denuncias penales y administrativas, incluso cuando se detecta el uso de mercurio, lo que ha fortalecido la minería informal. Actualmente, 89 de los 215 títulos que cruzan ríos están activos porque sus titulares están inscritos en el Reinfo.

El Ingemmet, al ser consultado, aseguró que actúa conforme al marco legal y que cada expediente incluye restricciones explícitas para la actividad en ríos. No obstante, cuando se incumplen esas normas, la responsabilidad recae en otras entidades, como los gobiernos regionales y el Ministerio Público.

En resumen, la combinación de una normativa insuficiente, la superposición de concesiones sobre territorios indígenas y fuentes de agua, la falta de fiscalización adecuada y la extensión del Reinfo ha convertido a la cuenca del Madre de Dios en un escenario de contaminación por mercurio, deforestación y conflicto social, donde la vida de las comunidades nativas y la biodiversidad de la Amazonía peruana se ven gravemente amenazadas.

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