Chile gasta fortuna en litio y olvida los salares

“Estamos construyendo un nuevo sueldo para Chile con el litio”, afirmó en 2025 el entonces presidente Gabriel Boric al presentar la Estrategia Nacional del Litio (ENL), una hoja de ruta que prometía transformar las vastas reservas del mineral en empleo, desarrollo tecnológico y una explotación responsable del medio ambiente. Chile, que posee alrededor de 9,3 millones de toneladas de litio —una de las mayores reservas del mundo—, apuesta fuertemente por este recurso estratégico para liderar la transición energética global. El litio es clave en baterías para vehículos eléctricos y en sistemas de almacenamiento de energía renovable, sectores fundamentales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Desde 1979, el Estado chileno mantiene la titularidad del litio, excluyéndolo del régimen de concesiones mineras. Su explotación se realiza bajo control estatal o mediante contratos especiales, lo que permite al Gobierno fijar condiciones de producción, regalías y protección ambiental. La ENL, lanzada en abril de 2023, busca aumentar la producción nacional, escalar en la cadena de valor y diversificar la economía. Hoy, bajo el gobierno de José Antonio Kast, la estrategia sigue adelante con el objetivo de posicionar a Chile como el principal productor mundial. Sin embargo, detrás del impulso industrial crece una preocupación creciente: el equilibrio entre desarrollo y conservación.

Una inversión desigual entre producción y protección

Un análisis detallado de las inversiones públicas revela una marcada desproporción entre los recursos destinados al desarrollo industrial del litio y los asignados a la investigación y protección de los ecosistemas donde se extrae. Mientras que el Estado ha movilizado cientos de millones de dólares para fortalecer la producción y la tecnología, el financiamiento para estudiar y preservar los salares —ecosistemas frágiles y únicos del altiplano— es mínima en comparación.

La principal fuente de inversión proviene de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que ha comprometido más de 166 millones de dólares provenientes de contratos con las empresas SQM y Albemarle, las únicas que extraen litio del salar de Atacama. Casi la totalidad de esos fondos se destina a producción, investigación y desarrollo (I+D), economía circular y electromovilidad. El mayor beneficiario es el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), una entidad sin fines de lucro cofinanciada por CORFO y SQM, que cuenta con un presupuesto total de más de 242 millones de dólares para los próximos diez años. Su enfoque está centrado en innovación tecnológica y valor agregado, no en la conservación de ecosistemas.

Además, CORFO ha destinado cerca de 23 millones de dólares a proyectos de economía circular, como el reciclaje de baterías eléctricas y soluciones de almacenamiento energético, y más de 5,9 millones a la producción de litio metálico. El Ministerio de Minería, por su parte, ha invertido alrededor de 1,3 millones de dólares entre 2023 y 2025 en estudios geológicos y análisis técnicos, principalmente para evaluar recursos en el salar de Atacama y otros sitios.

Protección ambiental: una prioridad con escasos recursos

• El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ha comprometido apenas 470.000 dólares desde el lanzamiento de la ENL.
• La mayor parte de esa suma —unos 441.000 dólares— se destinó al Plan de Creación de una Red de Salares Protegidos (RSP), que busca conservar 26 salares y lagunas en 15 áreas naturales protegidas.
• El resto financia procesos de consulta indígena en comunidades afectadas por la expansión minera.

En enero y marzo de 2026, el Gobierno anunció la creación de doce nuevas áreas protegidas en las regiones de Atacama y Antofagasta, un avance simbólico en la protección de humedales de altura. Estos ecosistemas, altamente sensibles al cambio hídrico, albergan una biodiversidad microbiana única y son refugio de tres especies amenazadas de flamencos: el chileno, el de James y el andino. A pesar de estos anuncios, aún faltan pasos clave para consolidar la red completa de protección.

Ciencia ambiental y social: el eslabón débil

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) lanzó en 2024 un concurso para financiar proyectos científicos sobre litio y salares, adjudicando un total de 6,6 millones de dólares a diez iniciativas. Sin embargo, la distribución de fondos muestra una clara prioridad productiva: más de la mitad (3,5 millones) se destinó a tecnología, geología y eficiencia en la extracción. Solo un tercio (2,1 millones) fue para estudios de biodiversidad y ecosistemas, y apenas una sexta parte (1,03 millones) a ciencias sociales y gobernanza.

Entre los proyectos financiados destacan el estudio de servicios ecosistémicos en salares, la creación de un observatorio de sistemas salinos y el análisis de las implicaciones sociales de la minería del litio en comunidades alejadas de las zonas de extracción. En diciembre de 2025, ANID lanzó un fondo específico para investigación ecológica en salares, otorgando 875.000 dólares a cuatro estudios de corto plazo en salares clave como el Grande, Aguilar y La Isla.

El Instituto Nacional de Litio y Salares (INLiSa), creado para articular conocimiento científico, tecnológico y social, contará con un presupuesto anual de entre 2,7 y 3,1 millones de dólares una vez en plena operación. Su misión es generar condiciones para un desarrollo sostenible, integrando ciencia, innovación y participación comunitaria. Sin embargo, su financiamiento sigue siendo insignificante frente al volumen de inversión en el sector productivo.

El costo de la desproporción

La brecha presupuestaria entre impulso industrial y protección ambiental plantea una pregunta urgente: ¿puede Chile cumplir su promesa de una minería sostenible cuando solo destina un peso a la conservación por cada 33 invertidos en producción? Hernán Cáceres, director ejecutivo del INLiSa, argumenta que el Estado no financia la producción directa, sino que habilita condiciones para que esta ocurra con menos conflictos, mediante estudios ambientales y diálogo con comunidades. Pero ese “gasto habilitante” sigue siendo marginal.

Para las comunidades indígenas del altiplano, la velocidad del desarrollo contrasta con la lentitud de las garantías ambientales y sociales. Mientras las inversiones tecnológicas avanzan a ritmo acelerado, los salares —fuentes vitales de agua en el desierto más árido del mundo— enfrentan presión creciente. Como recordó el propio Boric: “Los salares no son solo litio; son personas, comunidades, agua, biotecnologías”.

Hoy, esa visión choca con la realid financiera. La Estrategia Nacional del Litio prometió equilibrio, pero los números revelan un desfase profundo entre el discurso y los actos. El reto no es solo tecnológico ni económico, sino ético: proteger los ecosistemas que sostienen la vida en el desierto mientras se aprovecha un recurso clave para el futuro energético del planeta.

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