La verdad oculta que está arruinando la educación en Colombia

La falta de una gestión eficaz de datos educativos está obstaculizando los esfuerzos de Colombia para reducir la brecha escolar y garantizar trayectorias de aprendizaje completas y de calidad. Según Fundación Empresarios por la Educación (ExE), el país enfrenta un desafío estructural: la fragmentación de la información y la pérdida de series históricas que impiden tomar decisiones basadas en evidencia. Durante el reciente Encuentro Nacional de Facultades de Educación, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Educación (Ascofe), se destacó la necesidad de fortalecer la infraestructura digital y tecnológica del sistema educativo como eje central para la transformación del sector.

Índice

La ceguera de datos y su impacto en la política educativa

Uno de los principales vacíos identificados es la suspensión, en 2023, de la Encuesta de Educación Formal (EDUC), herramienta clave para monitorear el estado de la infraestructura en las instituciones educativas. Este instrumento permitía medir variables esenciales como la disponibilidad de dispositivos, conectividad a internet y acceso a energía eléctrica. Con su desaparición temporal para ser reformulada, se interrumpió una serie histórica que comenzó en 2013, dejando sin actualización crítica los datos para 2024 y 2025.

Esta “ceguera de datos” afecta especialmente a las zonas rurales, donde las condiciones de acceso a recursos tecnológicos y conectividad siguen siendo precarias. Sin información actualizada, resulta difícil diseñar políticas públicas ajustadas a la realidad territorial, lo que puede derivar en intervenciones ineficaces o mal distribuidas.

Propuesta para una plataforma nacional de información educativa

Educación en Colombia en crisis
  • Empresarios por la Educación plantea la creación de una Plataforma Nacional de Información Educativa articulada, con una inversión estimada de 6.310 millones de pesos, equivalente al 0,09 % del Presupuesto General de la Nación destinado a educación.
  • El proyecto no busca solo centralizar datos, sino establecer un Marco Nacional de Interoperabilidad que permita integrar sistemas existentes, garantizando la trazabilidad, protección y uso ético de la información.
  • Esta iniciativa debe desarrollarse en coherencia con la Ley 2052 de 2020 y el Decreto 620 de 2020, que promueven la gobernanza digital y el uso responsable de datos en el sector público.

Paola Caro, líder de Datos y Uso de Evidencia en ExE, enfatizó que mejorar la calidad educativa no depende de una única reforma, sino de una combinación de gobernanza clara, talento humano calificado, evaluación constante y el manejo estratégico de la información. “La información debe dejar de ser solo un registro y convertirse en un activo para la toma de decisiones”, afirmó.

Puntos Clave
  • Falta de gestión eficaz de datos educativos que obstaculiza la reducción de la brecha escolar
  • Suspensión de la Encuesta de Educación Formal (EDUC) en 2023, interrumpiendo series históricas clave
  • La "ceguera de datos" afecta especialmente a zonas rurales y dificulta políticas públicas ajustadas a la realidad
  • Propuesta de creación de una Plataforma Nacional de Información Educativa con inversión de 6.310 millones de pesos

Infraestructura física y digital: un ecosistema integrado

El informe también resalta la importancia de entender la infraestructura educativa como un ecosistema más amplio que incluye no solo la construcción de aulas, sino también servicios básicos, dotación pedagógica y, sobre todo, infraestructura de datos. En este sentido, se recomienda aprovechar los indicadores del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para monitorear la ejecución del presupuesto y medir el impacto real de las inversiones en cada territorio.

El aporte del sector privado a la innovación educativa

El sector privado también tiene un papel clave en la transformación del sistema. A través del Sistema de Información de Iniciativas y Programas en Educación (SIIPE), desarrollado por ExE en alianza con la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE) y la Fundación ANDI, se busca visibilizar y medir el impacto de la inversión social en educación.

Este sistema permite mapear intervenciones de empresas y cajas de compensación, evitando la dispersión de recursos en acciones aisladas. La idea es que autoridades educativas, desde rectorías hasta secretarías, utilicen estos datos para diseñar programas que ataquen problemas críticos como la deserción escolar y la repetición de grado.

El camino hacia una educación de calidad en Colombia exige un cambio cultural: pasar de la toma de decisiones basada en la intuición a una gestión guiada por evidencia. La articulación de marcos legales, capacidades técnicas y una cultura del dato será fundamental para que la información deje de ser solo cifras en un informe y se convierta en una herramienta concreta para garantizar el derecho al aprendizaje en la era digital.

Javier Mendoza Silva
Javier Mendoza Silva Periodista

Licenciado en Comunicación Social con mención en Periodismo por la Universidad Central de Venezuela. Tiene 12 años de experiencia en cobertura de política nacional y conflictos sociales, con enfoque en derechos humanos. Ha trabajado para medios impresos, digitales y radiofónicos en Latinoamérica.

Vota post
Mira tambien:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir