¿Prohibir las redes sociales a menores es de izquierda o de derecha?
En una cena familiar en Zacatecas, mientras los niños jugaban con sus dispositivos móviles, una reflexión surgió acerca del impacto de las redes sociales y la tecnología en la infancia. La experiencia personal del autor, que recuerda cómo hace una década los niños podían jugar libremente en el patio del mismo restaurante, sirve de punto de partida para analizar la creciente preocupación global sobre la exposición de menores a entornos digitales.
El debate sobre la posible restricción o prohibición del acceso de menores a plataformas digitales ha llegado al centro de la agenda política en varios países. En México, la Secretaría de Educación Pública, bajo la dirección de Mario Delgado, ha propuesto abrir un espacio de discusión sobre los riesgos que representan el grooming, el ciberacoso y otras formas de violencia digital. La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la necesidad de debatir la medida, aunque aún no se ha definido una política concreta.
En el contexto internacional, Australia fue pionera al introducir regulaciones que limitan el tiempo de pantalla y prohíben contenidos violentos o misóginos dirigidos a jóvenes. El primer ministro Anthony Albanese, del Partido Laborista de centro‑izquierda, lideró esa iniciativa. Otros gobiernos que han adoptado o consideran medidas similares incluyen a España, donde Pedro Sánchez anunció la prohibición del acceso a plataformas digitales a menores de 16 años, y Brasil, que aprobó la Ley de Protección Digital sin prohibir el acceso, pero obligando a las compañías a eliminar mecanismos que fomenten el uso compulsivo.
En total, se han identificado once países que están implementando o evaluando restricciones para menores. Seis de ellos cuentan con gobiernos de tendencia izquierdista y cinco con gobiernos de derecha, lo que indica que la posición ideológica no determina de manera definitiva la adopción de estas políticas.
Ejemplos representativos
- Querétaro, México (2025): El gobernador Mauricio Kuri González, del partido Acción Nacional (derecha), promulgó una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 14 años y aumenta las penas por delitos de grooming y acoso digital.
- Brasil (2024): La “Eca Digital”, impulsada por un gobierno centro‑izquierdista, no prohíbe el uso de plataformas, pero exige a las empresas remover funcionalidades adictivas y garantizar mayor transparencia algorítmica.
- España (2024): El gobierno de Pedro Sánchez estableció la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, argumentando la protección contra contenidos nocivos.
- Australia (2023): La normativa australiana obliga a las plataformas a limitar el tiempo de uso y a bloquear contenidos violentos para usuarios menores de 18 años.
Estos casos evidencian que la cuestión no se alinea fácilmente con los tradicionales ejes ideológicos. Mientras la derecha suele mostrarse reticente a intervenir en la esfera empresarial, la izquierda tiende a abogar por una regulación más intensa del poder económico. Sin embargo, la protección de la infancia puede ser utilizada tanto por gobiernos de izquierda como de derecha como una herramienta política para ganar simpatía popular.
Especialistas en derechos digitales, como María Billo del Future of Privacy Forum, advierten que las medidas absolutas –por ejemplo, la prohibición total del acceso a redes sociales– pueden afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la educación. “La solución pasa por combinar regulaciones que limiten los mecanismos adictivos con programas públicos que ofrezcan alternativas recreativas y educativas”, señala Billo.
Organizaciones de la sociedad civil también aportan perspectivas críticas. Angie Contreras, de la asociación feminista Cultivando el Género, rechaza la prohibición sin acompañarla de políticas de educación digital y espacios seguros para la infancia. “Proteger a los niños no debe significar negarles derechos, sino brindarles información y acompañamiento”, afirma.
Por su parte, Infancia Libres de Abuso Sexual (ILAS México) ha desarrollado la aplicación VigIA, una herramienta basada en inteligencia artificial que detecta conversaciones de alto riesgo y alerta a los padres en tiempo real. Su cofundadora, Dafna Viniegra, reconoce la complejidad del tema y propone una combinación de conciencia social, educación y controles parentales en lugar de una prohibición total.
En síntesis, la discusión sobre la regulación de las redes sociales para menores se desplaza de una dicotomía izquierda‑derecha a un análisis más matizado que considera quién ejerce el poder (usuarios vs. empresas), cómo se equilibran derechos y seguridad, y qué medidas de acompañamiento se implementan para evitar que la restricción se convierta en una carga exclusivamente para las familias.
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