Argentina aprueba reforma a la Ley de Glaciares a favor de la minería y desata debate ambiental
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la reforma que modifica la Ley de Glaciares, normativa vigente desde 2011 y considerada pionera en la protección de los cuerpos de hielo de la cordillera. Impulsada por el presidente Javier Milei, la iniciativa ha sido calificada de inconstitucional por varias organizaciones medioambientales y colectivos de derechos humanos, que advierten que flexibiliza el marco regulatorio en favor de la minería.
Según el oficialismo, la reforma corrige conceptos y condiciones “ambiguos” de la redacción original, lo que, según la Casa Rosa, permitiría interpretaciones más coherentes y evitaría limitaciones al aprovechamiento económico de los recursos naturales en zonas de alta montaña.
Reacciones y acciones judiciales
El punto central de la propuesta es otorgar a las provincias la facultad de declarar glaciares “no inventariados”, solicitar su exclusión del registro y determinar cuándo una masa de hielo deja de cumplir funciones hídricas. Si la autoridad competente concluye que un glaciar carece de función hídrica, el cuerpo de hielo quedaría fuera de la Ley de Glaciares y sólo se regiría por la Ley General del Ambiente.
Asimismo, la reforma redefinirá las actividades prohibidas: se eliminará la restricción expresa en el ambiente periglacial y solo se considerarán vedadas aquellas que alteren “de modo relevante” la condición natural o las funciones hídricas. Las provincias podrán autorizar intervenciones mineras o de hidrocarburos mediante evaluaciones ambientales propias, suprimiendo la prohibición que hasta ahora regía en glaciares y áreas periglaciales.
El diputado Nicolás Mayoraz, del bloque La Libertad Avanza, sostuvo que la medida “solo busca aclarar conceptos y no altera la intención de proteger los glaciares”, y afirmó que la aprobación demuestra que “la protección ambiental y el desarrollo sostenible son compatibles”.
La oposición rechazó el proyecto, argumentando que responde a intereses de la industria minera y pone en riesgo la disponibilidad y seguridad de recursos estratégicos para la población. La diputada Sabrina Selva, de Fuerza Patria, calificó la ley de “inconstitucional y regresiva, y generará conflictos interjurisdiccionales”. La diputada María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, agregó que “no se están protegiendo las autonomías provinciales, sino que se deja a las provincias solas con el costo de decidir si un glaciar o un ambiente periglacial se preserva o no”.
Tras la aprobación en la Cámara, la reforma fue enviada al Senado y, una vez sancionada, se convirtió en ley. Diversos actores han iniciado acciones judiciales para detener su aplicación. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció un amparo ambiental colectivo respaldado por la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, interpuesto ante el Juzgado Federal de Santa Rosa.
Los demandantes alegan que la reforma constituye un retroceso ambiental prohibido por el Acuerdo de Escazú y la Constitución Nacional, vulnera el derecho al agua y a un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras, y desnaturaliza el concepto de presupuesto mínimo ambiental.
En la misma línea, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAEA) y Greenpeace convocaron a la población a sumarse a una demanda colectiva para frenar la normativa, argumentando que “pone en riesgo el acceso al agua y, por ende, la vida de millones de argentinos y argentinas, así como los ecosistemas que dependen de los glaciares y del ambiente periglacial”.
Argentina cuenta con aproximadamente 16 970 glaciares distribuidos en 12 provincias andinas, que alimentan 39 cuencas hidrográficas. Con cerca de 8 282 km ² cubiertos permanentemente por hielo y nieve, el país es el séptimo con mayor cantidad de glaciares en el mundo y posee una de las reservas de agua dulce más importantes de América del Sur.
El interés en estas regiones no se limita al recurso hídrico. En la zona andina se concentran importantes yacimientos de cobre, estimados en 90,43 millones de toneladas, aunque la producción actual es casi nula. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros estima que la reforma podría desbloquear hasta el 75 % de los proyectos cupríferos previstos.
Especialistas prevén un crecimiento exponencial de la demanda de minerales críticos – esenciales para defensa, salud, electrónica y energías renovables. En el caso del cobre, se proyecta un aumento del 70 % para 2050, superando los 50 millones de toneladas anuales.
El gobierno de Milei busca capitalizar esta tendencia. Recientemente, la administración firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos que incluye subvenciones, garantías, préstamos e inversiones para impulsar proyectos mineros y de procesamiento, además de agilizar los permisos. Según fuentes estadounidenses, el acuerdo persigue asegurar el suministro de minerales críticos para la industria y la defensa.
El Centro de Empresas y Derechos Humanos señaló que el objetivo es consolidar un bloque orientado a la exploración, mapeo y refinamiento de minerales críticos como litio, cobre, uranio y cobalto, y advirtió que dicho bloque está estrechamente vinculado a la reforma aprobada. “El fin es garantizar que las corporaciones norteamericanas obtengan los minerales necesarios para sus cadenas industriales y militares, sin importar si el proceso afecta glaciares y cuencas hídricas en áreas donde el agua es escasa”, concluyó el organismo.
Dahua: En las Ciudades Inteligentes ya no se trata de hardware, sino de integración de datos
La nueva función de YouTube Shorts permite crear avatares digitales con IA
¡Ventajas y Desventajas de TikTok: ¡Descubre la Verdad!
Deja una respuesta