EE UU y Bolivia se alinean por minerales críticos y tierras raras; pueblos indígenas y ambientalistas ya están en alerta

Bolivia ha sido incluida por Estados Unidos en el bloque de países donde el expresidente Donald Trump buscó explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas. La medida ha despertado preocupación por los posibles impactos ambientales de la explotación de estos recursos, así como por la afectación a los pueblos indígenas que habitan las áreas donde se prevé la expansión minera.

El país sudamericano concentra 31 de los 38 minerales críticos identificados como esenciales para la transición energética, pero, según expertos consultados, aún no existen planes claros que garanticen una extracción sostenible.

Proyectos mineros en marcha

En Bolivia ya se encuentran activos tres proyectos que generan inquietud entre los pueblos indígenas y defensores del medio ambiente, todos ubicados en el departamento de Santa Cruz.

La Cruz‑Pico Suto

Situado en la provincia Ñuflo de Chávez, este proyecto afecta a comunidades guarayas, chiquitanas y ayoreos que, según denuncian, no fueron consultadas previamente, vulnerando la normativa de derechos indígenas. Además, existen temores de contaminación y de impactos negativos sobre los bosques y recursos hídricos de la zona.

Cerro Manomó

Con una superficie de 12 000 ha destinado a la extracción, el proyecto se asocia a una formación carbonatítica, una roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras y niobio. Las autoridades afirman que se trata de una iniciativa técnicamente avanzada, con estudios de muestreo, perforación y análisis geoquímicos de calidad.

Rincón del Tigre

Este proyecto se centra en minerales del grupo del platino y se encuentra también en fase de prospección. Según la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), se están realizando trabajos de muestreo y análisis que van más allá de una simple identificación preliminar del área.

Los elementos encontrados en estas zonas incluyen lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio, golinio, entre otros.

La organización Mongabay LATAM envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer las medidas ambientales adoptadas en dichos proyectos, pero al momento de cerrar la nota no había recibido respuesta.

José Córdova, presidente ejecutivo de Comibol, aseguró que el Gobierno boliviano participó en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) en marzo, donde al menos 20 empresas mostraron interés en explorar y explotar minerales críticos y tierras raras en Bolivia. Además, el país estuvo presente en una reunión ministerial sobre minerales críticos en Washington en febrero, impulsada por la administración de Donald Trump.

«Obviamente se observará todo el tema ambiental; se cuidará el medio ambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente», declaró Córdova.

En diciembre de 2023 se inauguró una planta de carbonato de litio, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, en el Complejo Industrial YLB de Potosí.

Los minerales críticos son elementos naturales esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, cuya oferta es limitada por su concentración geográfica en pocos países y la creciente demanda global. En Bolivia, los potenciales mineros se concentran en tres áreas principales: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras comprenden 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, golinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque a menudo se encuentran mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, señaló la necesidad de una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, fomente tecnologías limpias y brinde seguridad jurídica a los inversionistas, sin olvidar la protección del medio ambiente.

«La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia aproveche su potencial mineral y contribuya a la transición energética global. Eso requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura y tecnología, y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas», explicó Oporto.

Un informe público del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de septiembre de 2025 sitúa a Bolivia en la primera posición mundial de reservas de litio (21,6 %) y a Chile en la primera de cobre (9 %). Argentina ocupa el segundo lugar en litio (20,6 %), Perú el tercero en cobre (3,9 %), Brasil el tercero en níquel (15,7 %) y Cuba el tercero en cobalto.

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, advirtió que Bolivia aún no cumple los requisitos para una gran explotación de minerales críticos y tierras raras. «Esto no permite inversiones de gran escala ahora; las cooperativas tampoco pueden asumirlas, y solo queda el sector privado. Pero para que este invierta, necesita capital extranjero, y eso solo llega si existen condiciones claras que garanticen que las cooperativas no avasallen la mina», afirmó.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), denunció la falta de consulta previa en los territorios guarayos y la ausencia de información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. «No queremos que se realicen trabajos mineros en zonas indígenas», enfatizó.

Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), señaló que más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afectan directa o indirectamente a territorios indígenas. Además de la pérdida de bosques y el estrés hídrico, la extracción genera riesgos sociales y culturales, como desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó que la Chiquitania, zona de transición a la Amazonía, está vinculada a comunidades amazónicas de Beni, Pando y el norte de La Paz. «La transición energética no puede construirse a costa de vulnerar los derechos de los pueblos indígenas ni de devastar sus territorios y el medio ambiente. Los proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tienden a profundizar el modelo extractivista, aumentando la presión sobre los territorios y vulnerando derechos indígenas», concluyó.

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