Los modelos económicos alternativos sí son posibles y estas tres comunidades en México lo demuestran
El modelo de consumo actual –comprar, usar, desechar y volver a comprar– está agotando los recursos del planeta. Según la ONU, si no se produce un cambio estructural, para 2050 se necesitarán tres planetas Tierra para cubrir la demanda humana.

El turismo, otro motor de consumo, también ha repuntado tras la pandemia de COVID‑19. En 2025, 1 523 millones de personas viajaron alrededor del mundo, frente a los 1 246 millones registrados en 2016, datos de la Organización de Naciones Unidas para el Turismo (UNWTO).
Modelos de desarrollo sostenible en comunidades mexicanas
Frente a la urgencia de replantear los modelos económicos antes de 2030, fecha límite establecida por la ONU para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, diversas comunidades de México están implementando iniciativas que combinan generación de ingresos y conservación ambiental.
RED de Turismo Sustentable y Desarrollo Social A.C.

En una granja acuícola de Baja California Sur, el productor no solo extrae mariscos, sino que también recibe a visitantes, les muestra los procesos de cultivo y les explica la importancia de conservar los ecosistemas marinos. Al final de la visita, los turistas degustan una receta regional elaborada con productos provenientes de una zona de refugio pesquero, financiando así una “trinchera ecológica”.
Diego Correa, coordinador de economía sustentable de RED, indica que la asociación asesora a grupos que desarrollan proyectos de turismo comunitario, trabajando de la mano con las comunidades de La Paz, Sierra La Laguna y Loreto. El proceso comienza con un diagnóstico participativo que identifica atractivos y recursos territoriales, ambientales y sociales; a partir de allí se diseñan capacitaciones que los propios grupos deciden adaptar a sus necesidades.
Danielle Barriga Guijarro, coordinadora de turismo para la conservación, explica que RED promueve buenas prácticas, como el principio de “no dejar rastros”, dirigido tanto a visitantes como a productores. En colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), se emplean metodologías como el límite de cambio aceptable y la capacidad de carga turística para definir qué actividades son compatibles con la conservación.
“El problema que vemos es que muchos visitantes llegan al destino solo para tomarse una foto, sin considerar que algunas áreas están protegidas por razones ecológicas”, señaló Barriga.
La educación ambiental constituye uno de los pilares de RED, pues asegura que los proyectos económicos sean realmente sostenibles. Además, algunas comunidades de la península de Baja California generan ingresos mediante donaciones, subvenciones y talleres que explican la función de los manglares y otros ecosistemas críticos.
Alianza Peninsular Comunitaria
En la Laguna de Términos, Campeche, un guía en kayak muestra a los visitantes cómo las raíces del mangle rojo actúan como un “riñón natural”, filtrando la salinidad del agua. Tras el recorrido, se brinda información sobre las aves migratorias que dependen de ese hábitat.
Esta propuesta es similar a la de RED, pero se extiende a la península del sureste (Campeche, Quintana Roo y Yucatán). Cooperativas como La Fragata e Isla de Pájaros, integradas en la Alianza, ofrecen avistamiento de delfines, excursiones en kayak y actividades de limpieza de manglares y playas, imponiendo normas como el uso de motores de cuatro tiempos y la obligatoriedad de recoger la basura.
Lorena Benítez, líder de Isla de Pájaros, recuerda que la iniciativa comenzó en 2003 como una campaña de limpieza y, con el tiempo, se transformó en un proyecto que educa a visitantes y residentes sobre la importancia de preservar los ecosistemas para mantener la actividad turística.
La Fragata, bajo la dirección de Santiago Felipe Puch, se unió a la Alianza para fortalecer su modelo mediante redes regionales. Sus recorridos de observación de delfines nariz de botella incluyen charlas sobre los cuatro tipos de manglar de la zona y la recuperación de flujos hídricos, lo que ha favorecido el retorno de especies como los flamencos.
Grupo Ecológico Sierra Gorda
En la Sierra Gorda de Querétaro, Martha Isabel “Pati” Corzo lidera un proyecto que, tras la pérdida de una reserva forestal monoespecífica de pino, promueve la diversificación de especies para evitar plagas. El grupo desarrolló el “carbono biodiverso”, un protocolo de captura de emisiones adaptado a las realidades locales y registrado ante la ONU como Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación (NAMA).
El mecanismo funciona mediante el Sello Querétaro, una política pública que grava a las empresas emisoras de gases y permite canalizar el 20 % del impuesto recaudado a los propietarios de terrenos en la Sierra Gorda. Con estos recursos, los dueños reciben pagos por retirar ganado y permitir la regeneración natural del bosque, mientras un software cuantifica el carbono capturado.
El 80 % de los fondos se destinan directamente a los propietarios, incentivando la conservación; el 20 % restante financia infraestructura comunitaria, como 155 centros de acopio de residuos, 97 tanques de captación de agua de lluvia (75 000 L cada uno) y 24 cámaras biológicas que convierten desechos de carnicerías en biofertilizante.
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