La frustración de recurrir a los tribunales para proteger el medio ambiente en América Latina

En la península de Yucatán el agua no forma ríos superficiales visibles; en su lugar circula de manera subterránea a través de un extenso sistema de acuíferos que atraviesa los estados de Campeche y Quintana Roo hasta desembocar en el mar. La alta porosidad del suelo permite la rápida infiltración de contaminantes, una realidad denunciada por el Observatorio Científico Ciudadano del Agua de Yucatán.

El uso continuado de agroquímicos ha permitido que sustancias nocivas penetren hasta el manto acuífero. En 2020, comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, detectaron irregularidades en la actividad de las abejas y en la calidad del agua. Los habitantes realizaron muestreos en pozos de consumo y en cenotes cercanos, encontrando trazas de herbicidas, entre ellos glifosato, tanto en el agua como en seres humanos, plantas y animales.

El proceso judicial de Hopelchén

El artículo científico “Riesgos para la salud relacionados con los herbicidas: mecanismos clave y guía de estrategias de mitigación”, publicado en febrero 2025, asocia el glifosato con linfoma no Hodgkin, estrés oxidativo, inflamación cerebral y resistencia a la insulina.

Apoyadas por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), diecisiete comunidades mayas presentaron en 2020 una demanda de amparo contra autoridades federales, alegando omisión de información sobre la calidad del agua y falta de monitoreo de residuos de plaguicidas en el acuífero y en pozos de consumo.

Los peritajes realizados por Cemda y las comunidades incluyeron análisis de plaguicidas, calidad del agua y toxicología, con resultados que demostraron la presencia del agroquímico en la cadena trófica y en la orina de los habitantes, confirmados por muestreos oficiales de la Comisión Nacional del Agua.

En 2024 el juzgado de distrito de Campeche desestimó el amparo, argumentando que las pruebas no eran idóneas para demostrar la contaminación. Tras la apelación, en enero 2025 se presentó un recurso de revisión que llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González a partir de septiembre 2025.

Ursula Garzón, litigante del Cemda, señaló que la labor de los abogados representa una fracción del esfuerzo colectivo. “Los abogados son parte del amplio movimiento que defiende el medio ambiente”, afirmó, y explicó que el caso revela inconsistencias, entre ellas la eliminación en febrero 2025 de las restricciones al glifosato y al maíz transgénico tras un fallo del Panel de Solución de Controversias del T‑MEC, que consideró dichas medidas carentes de sustento científico.

Garzón describió la estrategia del Cemda como “litigio estratégico”: una herramienta que combina la defensa del territorio y el derecho a un medio ambiente sano con la intención de influir en la política y la legislación ambiental a nivel nacional.

Perspectiva internacional

Astrid Puentes Riaño, relatora especial de la ONU sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, recordó que las personas acuden a los tribunales no por vocación, sino porque no tienen otra vía. “Los defensores actúan por la necesidad de atender amenazas que existen”, subrayó.

Según Puentes Riaño, la extracción de combustibles fósiles, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación del agua aumentan las amenazas a pueblos indígenas y comunidades campesinas. El recurso a los tribunales es el mecanismo más pacífico para proteger los territorios, pues garantiza acceso a la justicia, al debido proceso, a la información y a la participación ciudadana. Sin embargo, en sociedades con altas desigualdades, como en América Latina, las acciones judiciales resultan insuficientes sin acompañamiento de incidencia, comunicación y solidaridad.

Los procesos judiciales pueden ser largos: el caso de Hopelchén ha durado ya cuatro años y sigue abierto; en el ámbito internacional, la resolución del caso peruano de La Oroya tomó veinte años para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, dos años después del fallo, aún no se cumple plenamente.

Otros casos emblemáticos en México

• Río La Antigua (Veracruz): Afectado por descargas de aguas residuales sin tratar, la demanda incorpora el argumento de los derechos de la naturaleza. La resolución intermedia obliga a los municipios de la cuenca a iniciar el saneamiento del río.
• Xochitepec (Morelos): Una concesión minera amenaza territorios habitados por comunidades indígenas. Terravida presentó la defensa del “racismo ambiental” y la falta de disponibilidad hídrica suficiente para la actividad minera.
• Comunidades Macehuales (Puebla): Tras once años de litigio, un tribunal canceló tres concesiones mineras (Atexcaco I, Atexcaco II y Macuilquila) sobre su territorio, después de que la propia autoridad comunitaria decidiera rechazar la minería.

Gabriela Carreón Lee, coordinadora de Terravida, explicó que en el sistema jurídico mexicano los precedentes son vinculantes solo cuando provienen de la SCJN o de tribunales superiores y forman jurisprudencia. Por ello, muchas organizaciones buscan que sus casos lleguen a instancias superiores, incluso internacionales, para crear efectos de alcance más amplio.

El derecho internacional, según Carreón Lee, ya forma parte del marco constitucional mexicano cuando México ratifica tratados como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluye el derecho a un medio ambiente sano. Las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano.

La esperanza de los defensores no reside exclusivamente en las instituciones, cuya fiabilidad varía según los gobiernos, sino en la organización comunitaria, el tejido social y las formas de resistencia que, aunque a menudo carezcan de nombre legal, constituyen la verdadera línea de frente.

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