Las lecciones que dejó la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles

Una gigantesca serpiente de colores rojizos, de más de diez metros de longitud, se deslizó durante varios minutos por la entrada del puerto Drummond, uno de los principales puntos de exportación de carbón de Colombia, acompañada por paneles solares que formaban parte de la acción de la Flotilla por la Justicia Climática. La manifestación, que llegó a la ciudad de Santa Marta tras trece días de travesía por el Caribe, buscó llamar la atención sobre la dependencia del país del carbón y del petróleo mientras se desarrollaba la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.

Del 24 al 29 de abril, Santa Marta acogió a más de 1 500 participantes provenientes de cerca de sesenta naciones, entre parlamentarios, académicos, científicos, representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones de mujeres, sindicatos y empresas. El objetivo común era trazar una hoja de ruta que permitiera abandonar la dependencia de los combustibles fósiles de forma coordinada y acelerada, y crear una coalición internacional dispuesta a impulsar esa transición.

Principales conclusiones y demandas

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez, destacó la contradicción que representa el país: “Santa Marta alberga el macizo montañoso litoral más alto del mundo, que se eleva desde el mar Caribe hasta los 5 700 m, creando una isla biogeográfica de altísima diversidad ecológica y cultural; al mismo tiempo, es uno de los principales puertos de exportación de carbón de América”. Según la ministra, más de 800 millones de toneladas de carbón han sido enviadas al mercado internacional desde ese puerto, lo que equivale a más de 1 000 millones de toneladas de CO₂. “La eliminación de los combustibles fósiles es inevitable para salvar la vida en el planeta”, afirmó.

Durante la conferencia se presentaron varias declaraciones conjuntas que recogen las demandas de los diferentes sectores participantes.

Demandas de los pueblos indígenas

• Rechazo a cualquier forma de transición que implique nuevos proyectos extractivos.
• Reconocimiento de derechos como la libre determinación y el consentimiento previo, libre e informado.
• Declaración de zonas libres de actividades extractivas en territorios indígenas.
• Financiamiento climático directo para iniciativas diseñadas y lideradas por los propios pueblos.
• Garantía de que sus decisiones sean respetadas en todas las políticas y proyectos que afecten sus tierras y aguas.

Representantes como Ginny Alba del pueblo Piratapuyo y Oswaldo Muca de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana subrayaron que la transición debe evitar el extractivismo y proteger los ecosistemas que han sostenido la vida durante milenios.

Perspectiva de las comunidades afrodescendientes

• Reconocimiento legal de los territorios colectivos afrodescendientes, tanto urbanos como rurales.
• Autonomía económica y desarrollo de proyectos energéticos propios y limpios.
• Reparación del racismo ambiental histórico que ha situado a estas comunidades cerca de refinerías, oleoductos y zonas de extracción.
• Participación plena de los consejos comunitarios en la reconversión económica y energética.

Sibelys Mejía, directora de litigio de Ilex Acción Jurídica, explicó que la dependencia de los combustibles fósiles es resultado de siglos de despojo colonial y esclavitud, y que una transición justa debe abordar esas raíces estructurales.

Contribución de académicos y científicos

Un total de alrededor de 500 investigadores de todo el mundo trabajaron en 16 mesas paralelas para elaborar un informe con propuestas concretas, entre ellas:

• Eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles.
• Medidas inmediatas para prevenir nuevas emisiones y establecer estándares de monitoreo.
• Instrumentos financieros que reduzcan el costo de la transición y eviten el endeudamiento de los países del Sur Global.
• Reforma de los marcos jurídicos internacionales para proteger a los gobiernos de demandas millonarias de la industria petrolera.

Andrea Cardoso, profesora de la Universidad del Magdalena, y Paola Yanguas del International Institute for Sustainable Development destacaron la necesidad de que los gobiernos escuchen las recomendaciones científicas y actúen con urgencia.

Participación de la sociedad civil

Las organizaciones de mujeres y diversidades, lideradas por Diana Salcedo López, exigieron la democratización de la energía y su reconocimiento como un derecho básico, no como mercancía. Propusieron una “transformación estructural” que reconfigure relaciones económicas, políticas y culturales vinculadas a la dependencia fósil.

Los representantes de los campesinos demandaron la desfosilización de la dependencia de agroquímicos derivados del petróleo y la restitución de tierras históricamente arrebatadas por la extracción.

Los sindicatos, reunidos en una delegación de cien organizaciones, insistieron en que la transición energética no puede dejar a los trabajadores como víctimas; solicitaron formación, recualificación y participación sindical en los procesos de reconversión laboral.

Los movimientos sociales, por su parte, pidieron la creación de un instrumento internacional vinculante que regule la producción de combustibles fósiles y establezca mecanismos de financiación que no aumenten la deuda de los países más vulnerables.

Todos estos aportes serán recopilados en un informe que se entregará a las presidencias de la COP30 y la COP31, con el fin de influir en la hoja de ruta de las próximas negociaciones climáticas internacionales. Stientje van Veldhoven, ministra de Clima y Crecimiento Verde de los Países Bajos, reiteró la importancia de que estas conversaciones se traduzcan en acciones concretas en los próximos años para acelerar la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles.

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