Con nueva ley de minas, Venezuela abrió la puerta al saqueo sistemático de sus recursos mineros, señalan expertos

El 9 de abril de 2026 la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó, por unanimidad, la nueva Ley Orgánica de Minas, que deroga el Decreto de Ley de Minas vigente desde 1999 y el Decreto de Reserva del Estado de las Actividades Mineras de Oro de 2015. Ambas normas prohibían la inversión extranjera y del sector privado en minerales estratégicos, una restricción que la nueva legislación elimina con el objetivo de atraer capitales y modernizar el sector minero.

Esta iniciativa surge en medio de una serie de cambios legislativos encaminados a facilitar la participación del sector privado en la extracción de recursos. La medida se produce tras la incursión militar ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de enero de 2026, que culminó con la captura del entonces presidente venezolano, Nicolás Muro, y su esposa, Cilia Flores.

Reacciones y críticas de expertos

Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea, celebró la aprobación en sus redes sociales, describiéndola como “un instrumento fundamental para modernizar, regular y potenciar la minería en nuestro país”, y anunció la creación de la Superintendencia de la Actividad Minera, órgano encargado de coordinar los procesos de inversión, producción y comercialización de los minerales.

Durante una visita oficial en marzo, el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, y la presidenta Rodríguez anunciaron una cooperación bilateral para desarrollar la minería venezolana, destacando la importancia del oro, los minerales críticos y las tierras raras.

Sin embargo, la nueva normativa ha generado una fuerte polémica entre expertos en medio ambiente y derechos humanos. Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, sostuvo que la ley “institucionaliza el ecocidio y el blanqueo de oro de sangre en Venezuela”. Según sus observaciones, la minería ilegal ha aumentado significativamente tras el 3 de enero, con la aparición de dragas de gran tamaño en el río Caroní y en las cabeceras del río Icabarú.

Los críticos acusan a la ley de contener solo declaraciones de principios demasiado generales en materia ambiental, sin establecer mecanismos obligatorios de cumplimiento. Señalan, entre otros vacíos, la ausencia de:

• Obligaciones de estudios de impacto ambiental y sociocultural como condición para la concesión de permisos.
• Garantías financieras para la restauración de ecosistemas afectados.
• Monitoreo independiente, acceso público a la información y auditorías externas.
• Restricciones efectivas para la minería en áreas naturales protegidas, ya que la norma excluye únicamente parques nacionales y monumentos, omitiendo reservas de biosfera, zonas protectoras y bosques.

Además, la legislación mantiene la denominación “Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico”, lo que, según Alejandro Álvarez de Clima 21, resulta un “absoluto contrasentido” dado que la normativa no contiene disposiciones concretas para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Otro punto de controversia es la creación del Resguardo Nacional Minero, descrito en la ley como un órgano auxiliar del Ministerio con competencias de inspección y vigilancia. Los observadores advierten que esta figura refuerza la presencia militar en zonas mineras, donde la Guardia Nacional y otras fuerzas armadas ya ejercen un control de facto, incrementando el riesgo de violaciones de derechos humanos.

Las organizaciones civiles, en un pronunciamiento conjunto de quince grupos, advirtieron que la nueva normativa “generará un barniz de legalidad al actual saqueo sistemático de la Amazonía y del Escudo Guayanés”, profundizando el deterioro ambiental y la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas. El documento también señala la falta de reconocimiento del consentimiento libre, previo e informado y de la demarcación de territorios indígenas, derechos consagrados en la Constitución.

En el contexto internacional, la ley define a los “minerales estratégicos” como recursos de alto valor económico y esencial para sectores como la energía, defensa, salud, tecnología y transporte. La normativa establece la obligación de notificar al Ministerio la existencia de estos minerales, aunque no impide su aprovechamiento por empresas privadas.

La aprobación de la Ley Orgánica de Minas se produce mientras Estados Unidos y China compiten por el acceso a recursos críticos en el planeta. La reciente reunión entre el presidente Trump y el mandatario chino Xi Jinping subrayó el interés global por los minerales estratégicos, lo que sitúa a Venezuela en el centro de una disputa geopolítica por sus reservas de oro, coltán, bauxita, estaño y tierras raras.

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