La devastación de los terremotos no es la única emergencia humanitaria en Venezuela

Centenares de rescatistas trabajan contrarreloj en Venezuela para encontrar sobrevivientes bajo los escombros provocados por los dos devastadores terremotos del 24 de junio de 2026. Las cifras oficiales indican al menos 2 295 fallecidos, más de 11 000 heridos y más de 50 000 desaparecidos. Mientras el país afronta esta tragedia, se intensifica una profunda crisis política, social, económica y ambiental que había comenzado mucho antes del doblete sísmico.

En este contexto, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó la edición 37 de su informe anual “Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2025”. La líder indígena pemón Liz Hernández, del municipio Gran Sabana, denunció que la minería ilegal ha generado una crisis de inseguridad que viola los derechos de las comunidades indígenas. El informe aborda, entre otros, los derechos a la alimentación, a un ambiente sano, a la educación, a la salud, a la tierra, a la vivienda, a los derechos laborales, a la justicia y a la vida.

Situación de los pueblos indígenas y del medio ambiente

La situación de los pueblos indígenas es descrita como una “emergencia humanitaria compleja”. Según el reporte, la salud de estas comunidades se ha deteriorado gravemente debido a la expansión de la minería ilegal, que ha provocado brotes de malaria, tuberculosis y otras enfermedades prevenibles. El boletín epidemiológico del Ministerio del Poder Popular para la Salud señala que, de enero a abril de 2026, el estado Bolívar registró 22 509 casos de malaria y Amazonas 9 245, ambas regiones con alta presencia minera.

Salud y epidemias

• Incremento exponencial de la morbilidad y mortalidad por malaria y tuberculosis, especialmente entre el pueblo yanomami del Alto Orinoco.
• Altos índices de diarrea, vómitos y enfermedades respiratorias en comunidades warao y wayúu, vinculados al consumo de agua contaminada.
• Desnutrición y enfermedades de transmisión sexual que afectan a mujeres y hombres indígenas que se ven obligados a participar en actividades mineras.

Minería ilegal y violencia

La minería ilegal se ha extendido más allá del Arco Minero del Orinoco, invadiendo territorios en Amazonas, Bolívar y el sur del país. Esta expansión ha generado gobernanzas híbridas criminales, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos armados irregulares (GAI) compiten por el control de las minas, sometiendo a la población minera, mayoritariamente indígena, a violencia, desplazamiento y explotación infantil.

Los testimonios de líderes ye’kwana denuncian la invasión de grupos armados, la introducción de maquinaria pesada que contamina los ríos y la aparición de enfermedades como tuberculosis y malaria. En El Callao, Bolívar, la extracción de oro ha derivado en trabajo infantil y condiciones de explotación.

Derechos humanos y denuncias

El informe solicita investigaciones y sanciones por la masacre de los yanomami (2022) y los asesinatos de activistas como Virgilio Trujillo Arana, el misionero Josiah K’Okal y el líder indígena Joaquín Hernández (pueblo ye’kwana). Asimismo, rinde homenaje a Nelson Freitez Amaro y Víctor Hugo Quero Navas, fallecidos bajo custodia estatal.

Crisis hídrica y contaminación

El 62 % de la población venezolana enfrenta restricciones severas para acceder a agua potable. La contaminación de cuencas, impulsada por la minería con mercurio y la deforestación, afecta directamente a comunidades indígenas que dependen del agua de ríos y manantiales. El informe destaca la falta de inversión y la desinversión en infraestructura hídrica, que agrava la vulnerabilidad de la población.

Impacto de los derrames petroleros

En 2024 se contabilizaron 65 derrames de petróleo, cifra que se considera subestimada. En 2025 se registraron incidentes en los estados Falcón, Zulia, Anzoátegui y Monagas, además de presencia de hidrocarburos en al menos 11 áreas de la zona económica exclusiva. Los derrames afectan la pesca en el golfo de Coro y comprometen la seguridad alimentaria de comunidades costeras.

Deforestación y degradación de áreas protegidas

La minería, la extracción de carbón vegetal en Lara y la expansión agrícola están provocando una deforestación masiva, pérdida de biodiversidad y degradación de parques nacionales como Yapacana y Caura. El Observatorio de Ecología Política señala la escasez de personal y recursos en áreas protegidas, lo que dificulta su gestión.

Cambio climático y vulnerabilidad

Venezuela se ubica entre los ocho países latinoamericanos en “Zona Roja Climática”, con alta vulnerabilidad a sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y olas de calor. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela advierte que estos fenómenos impactarán la agricultura, la seguridad alimentaria y la generación hidroeléctrica.

Recomendaciones del informe

• Derogar el decreto que crea el Arco Minero del Orinoco.
• Recuperar y fortalecer la gestión ambiental de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
• Aumentar el apoyo financiero y establecer un nuevo plan de gestión para áreas protegidas.
• Declarar la emergencia climática y lanzar iniciativas masivas de reforestación y recuperación de cuencas hidrográficas.
• Priorizar el acceso al agua potable como derecho fundamental.

El informe de Provea, elaborado con reportajes periodísticos, datos de organizaciones civiles y entrevistas, revela que la atención a los pueblos indígenas, ya precaria, podría verse aún más reducida al destinar recursos a la respuesta de los terremotos. No obstante, la ayuda internacional que está llegando podría mejorar la atención a las poblaciones vulnerables en general.

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