No producirán ni un litro: crece la oposición a la planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa

El 29 de mayo de 2026 una caravana de aproximadamente treinta camiones cargados con dos gigantescas estructuras metálicas salió de la terminal del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Topolobampo, rumbo a la futura planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la bahía de Ohuira, Sinaloa. Las imágenes del convoy se difundieron rápidamente a través de grupos de WhatsApp, generando una reacción inmediata entre la comunidad indígena yoreme‑mayo, encabezada por la defensora de derechos humanos Melina Maldonado, quien desde 2014 lidera la oposición al proyecto.

Despliegue de estructuras y respuesta de la población

La primera de las piezas, descrita por la empresa como una “torre industrial para captura de dióxido de carbono”, mide varios decámetros y su presencia física hizo que la magnitud del megaproyecto se volviera visible para la población local. En cuestión de días se organizaron bloqueos en los accesos a la planta; la comunidad instaló una barrera permanente el 15 de junio, advirtiendo que cualquier intento de reanudar la obra sería detenido.

El rechazo se extendió más allá de Topolobampo. En Culiacán, Mazatlán y la Ciudad de México se registraron concentraciones de colectivos ambientalistas y organizaciones de defensa territorial. En Berlín, mexicanos residentes organizaron una manifestación frente a la Embajada de Alemania, exigiendo la cancelación del proyecto y cuestionando el financiamiento del banco KfW IPEX‑Bank.

El 12 de junio de 2026, representantes de las comunidades yoreme‑mayo lograron una reunión en Los Mochos con autoridades federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) encabezada por Alicia Bárcena, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dirigida por Mariana Boy Tamborrell. También asistieron delegados del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación y autoridades del gobierno estatal de Sinaloa. El encuentro dio origen a una ruta de trabajo interinstitucional que contempla mesas de diálogo, mecanismos de coordinación y una inspección ambiental con la participación de representantes comunitarios.

Aunque la visita contó con la presencia de todo el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, las comunidades señalaron que sus exigencias —la cancelación inmediata del proyecto— no fueron aceptadas. La autoridad ambiental indicó que revisaría la información presentada y actuaría “en caso de encontrar irregularidades evidentes”.

Hasta la fecha, Mongabay LATAM no ha recibido respuesta ni de GPO, ni de Semarnat ni de Profepa. El único comunicado oficial proviene del banco financiador KfW IPEX‑Bank, que asegura que el proyecto cumple con normas ambientales y sociales, que está contratando a una consultora independiente para reevaluar el proceso de consulta indígena de 2022 y que, aunque el informe final no será público por motivos contractuales, se evaluará la información que pueda divulgarse para mayor transparencia.

GPO, por su parte, ha reiterado que el proyecto no representa un riesgo para la bahía ni para el medio ambiente, argumentando que se basa en estudios técnicos rigurosos, evaluaciones ambientales, autorizaciones regulatorias y consultas públicas e indígenas. La empresa afirma estar “dispuesta al diálogo” y comprometida con la “responsabilidad, la transparencia y el respeto al medio ambiente y a las comunidades”.

La bahía de Ohuira, declarada sitio Ramsar por su valor ecológico, alberga una rica biodiversidad que incluye tortugas carey en peligro crítico de extinción, delfines nariz de botella, aves migratorias, manglares y una importante actividad pesquera. Según la investigadora Diana Escobedo Urías (CIIDIR‑IPN), la planta requeriría grandes volúmenes de agua marina, lo que provocaría la captura de organismos larvarios, especialmente camarones, esenciales para la captura de al menos 4 000 pescadores y sus familias. Además, el retorno de agua más cálida y salina podría alterar el equilibrio de una laguna somera con bajo recambio hídrico.

Escobedo advierte que, en caso de accidente industrial, los efectos podrían propagarse hasta 14 kilómetros, afectando a poblaciones como Los Mochis y poniendo en riesgo a miles de personas. Señala que los estudios de riesgo presentados a Semarnat no incluyen planes de evacuación claros, lo que deja una gran incertidumbre sobre la capacidad de respuesta ante una fuga.

El banco KfW IPEX‑Bank, al ser consultado sobre la posibilidad de retirar su financiamiento, indicó que cualquier decisión deberá ajustarse a obligaciones legales y contractuales y que mantiene un monitoreo continuo del contexto del proyecto, sin precisar bajo qué circunstancias podría reconsiderar su participación.

Para la geógrafa Claudia Campero, coordinadora de justicia climática de Conexiones Climáticas, la disputa de Ohuira forma parte de una expansión regional de infraestructura fósil en el Golfo de California, que incluye proyectos como Vista Pacífico, Saguaro y Mexinol. Señala que la presión de las comunidades indígenas contribuyó a que Sempra anunciara en marzo de 2026 la cancelación del proyecto Vista Pacífico.

Las consignas del colectivo “Aquí No”, integrado por yoreme‑mayo, activistas, académicos y asesores legales, son claras: “No produciremos ni un litro de amoníaco”. Los bloqueos en Topolobapo continúan, con la comunidad suministrando alimentos y agua a los manifestantes y manteniendo guardias para evitar enfrentamientos. La empresa intentó reanudar labores enviando a sus trabajadores, pero varios de ellos, pertenecientes a la zona, se solidarizaron con los manifestantes y rehusaron participar.

Melina Maldonado afirma que el movimiento ha alcanzado una “solidaridad ciudadana” sin precedentes y que la demanda ahora trasciende a nivel nacional e internacional, con la esperanza de que la sociedad alemana también escuche el rechazo a la producción de amoníaco que, según la comunidad, vulneraría derechos humanos y ambientales.

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