México alista su primera ley para regular la IA con penas de prisión por usos indebidos

El Congreso mexicano está a punto de presentar su primera iniciativa de ley que regulará el uso de la inteligencia artificial (IA) a nivel nacional. La propuesta, elaborada por la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre la Aplicación y Desarrollo de la Inteligencia Artificial del Senado, contempla la creación de nuevas instituciones reguladoras, la clasificación de infracciones y la imposición de sanciones penales que pueden llegar a la prisión.

Según el presidente de la comisión, Rolando Zapata, el proyecto es el resultado de 16 meses de trabajo y de mesas de diálogo en las que participaron 72 especialistas de la academia, el sector privado, el sector público y organizaciones de derechos humanos.

Principales elementos de la propuesta

La iniciativa plantea la creación de la Autoridad Nacional de IA, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la normativa, emitir resoluciones y establecer mecanismos de certificación y auditoría. Asimismo, se propone una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, un Fondo Nacional para el Desarrollo de la IA y un Sistema Nacional de Certificación para validar el cumplimiento técnico y ético de los sistemas.

Entre las prácticas prohibidas, la ley destaca la generación y difusión de deepfakes de carácter sexual sin consentimiento, sobre todo cuando involucren a menores; la manipulación de imágenes, audios o videos con fines de humillación, acoso, extorsión o violencia contra la mujer; y la automatización de campañas de odio o desinformación basadas en género.

En el ámbito técnico, la normativa prohíbe el desarrollo de sistemas de manipulación cognitiva sin consentimiento, los esquemas de puntuación social con efectos discriminatorios, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial y la vigilancia conductual sin respaldo legal.

El proyecto introduce una clasificación de infracciones en tres niveles:

• Gravísimas: Conductas que pueden causar daños irreversibles o de gran magnitud, como el uso de IA para manipulación política ilícita, la operación de sistemas autónomos letales sin supervisión humana, la vigilancia masiva sin base legal o la creación de herramientas para fraude y suplantación de identidad.
• Graves: Incumplimiento de obligaciones regulatorias, como la omisión de evaluaciones de seguridad algorítmica, la negativa a proporcionar información técnica para auditorías o la falta de certificaciones requeridas.
• Leves: Falta de cumplimiento de requisitos administrativos menores que no comprometen la seguridad nacional ni los derechos fundamentales.

Quien incurra en una infracción gravísima podría enfrentar penas de prisión, según lo establece el borrador.

Varios analistas y legisladores advierten que los conceptos y definiciones incluidos en el borrador son vagos, lo que facilitaría su uso como herramienta de censura, abuso o control autoritario. La periodista Laura Brugés señaló que el documento deja vacíos respecto a las sanciones penales relacionadas con la manipulación electoral y que no define claramente qué se considera “manipulación”. La investigadora Mariana Benavides calificó la propuesta como “un caballo de Troya autoritario” al basarse en control previo, supervisión estatal omnipresente y definiciones ambiguas.

Rolando Zapata rechazó esas críticas, asegurando que la iniciativa no limita la libertad de expresión ni el debate político, y que la normativa fortalecerá el derecho a expresar ideas dentro del marco de los tratados internacionales y los convenios de los que México forma parte. Reconoció que el texto preliminar generó confusión en algunos términos, pero subrayó que la elaboración de un marco regulatorio de esta complejidad continuará en los próximos meses, manteniendo una actitud de diálogo y apertura.

Se espera que el proyecto sea presentado ante el pleno del Senado esta semana para su evaluación. La normativa aún podría modificarse antes de su eventual aprobación.

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