Activistas exigen frenar planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa; denuncian ecocidio y riesgos a la salud

Desde hace más de una década, ambientalistas y residentes de la bahía de Ohuira, ubicada en el municipio de Topolobampo, Sinaloa, reclaman la cancelación de una planta de amoníaco cuya construcción, según ellos, representa un serio riesgo para la salud humana, amenaza la supervivencia del ecosistema marino‑costero y pone en peligro la cultura ancestral del pueblo indígena yoreme.

El proyecto, impulsado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de la compañía suizo‑alemana Proman, ha cobrado mayor visibilidad en los últimos días tras la llegada de maquinaria pesada y varios cortes de energía eléctrica que, según los manifestantes, estarían vinculados a las obras.

Impacto ambiental y social del proyecto

Con una inversión que supera los 1,600 millones de dólares, la instalación petroquímica pretende convertirse en la mayor planta comercial de amoníaco de América Latina, con una capacidad de producción de 2,220 toneladas métricas diarias. El amoníaco producido sería distribuido tanto a nivel nacional como internacional mediante transporte terrestre y marítimo.

El amoníaco (NH₃) es un compuesto químico ampliamente utilizado en la industria: sirve como materia prima para fertilizantes agrícolas, productos de limpieza, explosivos, plásticos, fibras sintéticas y medicamentos, y también se emplea como refrigerante en sistemas industriales por sus propiedades térmicas.

El desarrollo previsto en Sinaloa contempla una planta integral respaldada por gasoductos, sistemas de abastecimiento de agua, una estación de medición de gas natural y instalaciones de carga especializada, además de un centro de capacitación e infraestructura de acceso al complejo. GPO afirma que cuenta con apoyo de infraestructura de terceros, entre ellos un muelle operado por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y un gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La petición titulada “¡Manos quietas! Salvemos la bahía de Ohuira”, publicada en Change.org por el Consejo Ciudadano de Ecología Bahía de Ohuira, sostiene que “la construcción de esta planta generará un ecocidio, un riesgo para la salud humana y un etnocidio cultural para el pueblo originario yoreme, cuyos integrantes habitan los territorios de la bahía de Ohuira desde hace miles de años”.

La bahía forma parte del sistema lagunar Santa María‑Topolobampo‑Ohuira, localizado en la costa del municipio de Ahome, a unos 25 kilómetros al suroeste de Los Mochis. La población de la zona depende principalmente de la pesca, la industria, la agricultura y el turismo.

El área alberga delfines, lobos marinos y numerosas especies marinas, así como una gran diversidad de aves migratorias. Su vegetación semidesértica, dunas costeras y manglares la convierten en un sitio de importancia internacional protegido por la Convención Ramsar y respaldado por la UNESCO.

En 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concedió a GPO las autorizaciones de impacto ambiental necesarias para iniciar la construcción. La empresa, en su página web, asegura que el complejo “se ubica en un área previamente desarrollada, sin vegetación ni fauna” y que “no afecta los servicios ecosistémicos del sitio Ramsar ni interfiere con los hábitats de las aves migratorias”.

No obstante, el Manifesto de Impacto Ambiental Regional (MIA‑R) presentado en 2018 reconoce múltiples alteraciones al entorno derivadas de la obra y la operación de la planta. Entre los impactos señalados se incluyen:

• Ubicación a menos de 100 metros de manglar.
• Excavación de aproximadamente 1.44 millones de metros cúbicos de sedimentos marinos para crear dársenas de maniobra, áreas de atraque y canales auxiliares.
• Deposición del material extraído en una zona oceánica a unos 40 kilómetros del proyecto.
• Aumento de la turbidez del agua, alteraciones del sustrato marino y reducción de la cobertura de vegetación acuática.
• Modificaciones en las comunidades de fauna bentónica.
• Riesgo de contaminación por hidrocarburos y derrames accidentales, así como impactos acústicos sobre la vida marina generados por la maquinaria y embarcaciones.

A finales de 2023, el titular de la Secretaría de Economía de Sinaloa, Feliciano Castro Meléndez, anunció que la obra había superado el 50 % de avance, calificándola de “un avance muy importante”. Según sus declaraciones, Topolobampo, como Polo de Desarrollo para el Bienestar dentro del Plan México, representa una nueva etapa de industrialización y crecimiento económico para la región. Además, señaló que la producción de amoníaco comenzaría a finales de 2027, lo que ayudaría a reducir las importaciones de fertilizantes usadas por el sector agrícola.

El Consejo Ciudadano de Ecología Bahía de Ohuira exige la revocación de los permisos otorgados por las autoridades y la suspensión del financiamiento del Banco de Crédito para la Reconstrucción (KfW) de Alemania, destinado a la construcción de la planta. La petición cuenta con el respaldo de diversos colectivos, creadores de contenido y figuras políticas, que piden a Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que no prioricen intereses económicos sobre la protección ambiental ni sobre los derechos de las comunidades asentadas en la bahía.

Como parte de sus acciones, los activistas convocaron a una movilización frente a la embajada de Alemania el jueves 4 de junio a las 20:00 horas, con el objetivo de visibilizar las amenazas que, a su juicio, representa la planta de amoníaco para la región.

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