El extremismo antitecnológico ya existe oficialmente

Las agencias federales de inteligencia y las fuerzas de seguridad de EE. UU. están difundiendo, a través de más de mil páginas de informes inéditos obtenidos por WIRED, un nuevo objetivo nacional: los llamados “extremistas antitecnología”. Los documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el FBI y los centros de fusión indican que el gobierno está ampliando su vigilancia a una categoría que, hasta ahora, no figuraba en las guías públicas de extremismo interno.

Este giro se produce después del Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 7, emitido por el presidente Donald Trump, que ordenó al Departamento de Justicia perseguir a cualquier persona con creencias “antiestadounidenses”, “anticristianas” o “anticapitalistas”. A principios de mes, el exasesor de seguridad nacional Sebastian Gorka presentó una estrategia antiterrorista en la que los “extremistas de izquierda” fueron catalogados como una de las tres principales prioridades de Estados Unidos.

En conjunto, esas directivas han convertido al aparato de vigilancia interna en una herramienta para controlar y criminalizar la libertad de expresión y de reunión que desafía la ideología de la Casa Blanca. La reciente incorporación del “extremismo violento antitecnológico” como categoría oficial representa una ampliación sin precedentes, pues combina bajo un mismo sello una gran variedad de ideologías que comparten una oposición a la inteligencia artificial (IA) y a la infraestructura de datos.

Amenaza emergente y el caso de los “Zizians”

Dentro de los documentos, la Oficina de Inteligencia y Contraterrorismo de Nueva York describe un escenario caótico: “El ambiente de desorden que podría derivarse de la IA emergente en los próximos cinco años alimentará protestas a gran escala que podrían degenerar en disturbios civiles y actividades extremistas violentas antitecnológicas, particularmente en áreas urbanas como la ciudad de Nueva York”. El término “extremismo violento antitecnológico” no aparece en los manuales públicos del DHS ni del FBI y constituye una novedad en la clasificación de amenazas.

El informe también introduce a los “Zizians”, grupo surgido a raíz del arresto y juicio de Jack “Ziz” LaSota, un supuesto líder racionalista extremista cuya secta estuvo implicada en tres asesinatos. La ideología de LaSota gira en torno al riesgo existencial que plantea la IA y a la creencia de una “encarnación divina” de la misma. Aunque la visión de los Zizians es extremista, la Oficina advierte que las “visiones paranoicas sobre la IA” podrían proliferar después del juicio, alimentando narrativas que justifican la violencia contra la tecnología.

La colaboración entre el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el FBI el año pasado incluyó la vigilancia del chat de Signal de un grupo activista que coordinaba la presencia de observadores en audiencias de tribunales de inmigración. Según documentos obtenidos por The Guardian, el FBI incluyó a esos activistas en una investigación más amplia sobre “actores extremistas violentos anarquistas”, una de las categorías contempladas en la nueva estrategia antiterrorista.

Los centros de fusión, surgidos tras los atentados del 11 de septiembre, ahora suman ochenta y actúan como nodos de enlace entre agencias federales y fuerzas locales. Además de la preocupación por la rápida proliferación de la IA, estos centros recopilan información sobre supuestas amenazas a los centros de datos. Un centro en Pensilvania alertó que “actores diversos, incluidas entidades patrocinadas por el Estado, grupos criminales y extremistas locales o ambientales, podrían atacar los centros de datos estadounidenses” y “explotar su importancia estratégica para actividades como la minería de criptomonedas”.

En Virginia del Norte, el Centro Regional de Inteligencia informó que los AGAAVE (extremistas violentos antigubernamentales y antiautoritarios) han participado en la planificación preliminar de ataques contra centros de datos y otras infraestructuras críticas. Sin embargo, el mismo informe reconoce que muchas de las conductas catalogadas como sospechosas podrían corresponder a manifestantes pacíficos, según expertos legales.

“Estos informes de inteligencia forman parte de una larga tradición de agencias que convierten protestas o simplemente opiniones firmes en precursores de violencia”, explicó Spencer Reynolds, asesor principal del Fondo de Defensa Legal de la NAACP, a WIRED. “Los informes de actividades sospechosas son extremadamente poco fiables, se basan en comportamientos vagos o inocentes y se emiten bajo criterios permisivos, lo que permite a los agentes proyectar sus propios prejuicios”.

Entre las conductas catalogadas como sospechosas por el centro de Virginia del Norte se incluyen: “amenaza expresa o implícita”, “observación o vigilancia”, “fotografía”, “pruebas o sondeos de seguridad” y “intento de intrusión”. El FBI, en comunicado a WIRED, señaló que investiga a quienes cometen o pretenden cometer actos de violencia que constituyen delitos federales o amenazan la seguridad nacional, pero no ofreció comentarios adicionales. El DHS no respondió a la solicitud de comentarios.

Los centros de fusión también han monitoreado manifestaciones protegidas por la Constitución que critican la tecnología. En marzo, un informe describió la vigilancia de protestas como “Tesla Takedown”, dirigida contra la supuesta apropiación de recursos públicos por Elon Musk, y la “Break Up With Tech Rager”, patrocinada por el grupo activista Eject Elbit, que busca frenar la inversión en el fabricante de armas israelí Elbit.

Empresas privadas de inteligencia de código abierto, con contratos con agencias federales, también rastrean la web en busca de sentimientos antitecnológicos. En enero de 2025, SITE Intelligence distribuyó boletines a los centros de fusión alertando que conversaciones en un servidor de Discord “neoludita” –una corriente que rechaza el desarrollo tecnológico desenfrenado– se habían vuelto violentas y que un usuario había incitado ataques contra directores ejecutivos de empresas tecnológicas y centrales eléctricas.

“SITE es una empresa privada de inteligencia que monitorea redes sociales para las fuerzas del orden. Su misión es analizar publicaciones anónimas, llenas de jerga y ambigüedades, para ofrecer información creíble que pueda predecir amenazas”, señaló Reynolds. “Sin embargo, este tipo de actividad tiende a enfocarse en opiniones sobre temas polémicos como la policía, el aborto o la vacunación, más que en peligros reales”. Rita Katz, fundadora de SITE, defendió su labor afirmando que incluso los comentarios provocadores tienen valor informativo porque revelan el sentir de una comunidad hacia un objetivo, y que han detectado un aumento notable de amenazas en línea que abogan por el sabotaje de centros de datos.

Los documentos revelan también que los centros de fusión vigilan reuniones locales, como sesiones de presupuesto en Arlington o juntas escolares en Fairfax, que se han convertido en foros donde residentes expresan su oposición a la construcción de centros de datos en sus vecindarios. Según Data Center Watch, cientos de organizaciones en 42 estados se han movilizado para bloquear dichos proyectos, y en varios estados la policía ha expulsado o arrestado a oradores críticos antes de que pudieran hablar.

Desde el punto de vista legal, el terrorismo doméstico en EE. UU. no constituye un delito autónomo que se persiga en juicio; en su lugar, las leyes de terrorismo interno permiten la vigilancia y el seguimiento de extremistas, a menudo incorporando cargos agravados por terrorismo o, alternativamente, acusaciones como allanamiento o vandalismo.

La atención de las agencias a la actividad antitecnológica quedó patente en una invitación a una conferencia del investigador de extremismo Mauro Lubrano, quien se ha consolidado como uno de los principales expertos en el tema. Lubrano es autor de Stop the Machines: The Rise of Anti‑Technology, obra que identifica tres corrientes principales dentro de una nueva matriz de amenazas: anarquistas insurreccionales, eco‑extremistas y eco‑fascistas. En su libro menciona a seguidores del “Unabomber” Ted Kaczynski, anarquistas alemanes, eco‑extremistas mexicanos y grupos de derecha vinculados a Terrorgram como componentes de un movimiento emergente de extremismo tecnológico.

Lubrano, al comentar la conferencia en un centro de fusión, advirtió que cualquier marco de actuación contra el extremismo tecnológico debe aplicarse con cautela. “Si bien la violencia contra la tecnología es inaceptable, no debe usarse como excusa para priorizar la seguridad de la IA y silenciar a quienes critican su trayectoria”, declaró.

Reynolds, sin embargo, advierte que la categoría “extremismo antitecnológico” es tan amplia que podría englobar a manifestantes pacíficos de centros de datos, escépticos de la IA y cualquier persona que cuestione la tecnología en la vida cotidiana. “A medida que la gente siga organizándose por un futuro mejor, veremos una mayor vigilancia y criminalización de esta oposición, como ocurrió con Black Lives Matter, Occupy Wall Street y los movimientos ecologistas en la última década”, sostuvo.

Un informe del DHS de enero de 2025 intentó vincular al presunto asesino del director ejecutivo de UnitedHealth, Luigi Mangione, con Kaczynski, alegando que el individuo “podría haberse inspirado en el Unabomber y sus creencias antitecnológicas”, sin ofrecer pruebas adicionales. El mismo documento concluye que los ejecutivos “corren un mayor riesgo de sufrir actos de violencia o amenazas” cuando son percibidos como explotadores de los más vulnerables.

El caso más claro de cómo críticas no violentas pueden ser etiquetadas como amenaza aparece en un informe de SITE de abril de 2025, que citó un video de la organización sin fines de lucro More Perfect Union sobre los efectos destructivos de un centro de datos en Georgia. El video no incitaba a la violencia, pero gracias al monitoreo de los centros de fusión, la organización pasó a ser considerada un posible vector de amenaza por las autoridades estadounidenses.

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