No faltan leyes, sobra impunidad: el problema de la violencia digital contra las mujeres en México

Este año se celebra el quinto aniversario de la Ley Olimpia, la normativa mexicana que tipifica la violencia sexual digital como delito y que ha sido un referente en la defensa de los derechos digitales de las mujeres. Sin embargo, para las víctimas la justicia sigue pareciendo un premio mayor: entre 2020 y 2025, el 95 % de las investigaciones sobre este tipo de violencia quedó en trámite.

Cuando la ley se aprobó en 2021, aún no se había anticipado el papel que la inteligencia artificial jugaría en la masificación del delito. Hoy, la IA es una herramienta esencial para la creación y difusión de “deepnudes” y otros contenidos no consensuados. Según el informe *Desinformación por razón de género y deepnudes en México*, elaborado por Eon Institute y la Fundación Friedrich Naumann, solo dos casos públicos de abuso de imágenes íntimas generadas con IA han involucrado a más de 400 víctimas y han dado origen a la manipulación de 186 000 contenidos (imágenes y videos).

Obstáculos estructurales en la aplicación de la Ley Olimpia

El bajo número de sentencias no se explica por falta de normas, sino por problemas estructurales que impiden que las denuncias avancen. El colectivo Luchoras, en su reporte *Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México*, identifica tres causas principales:

Principales obstáculos

• Falta de capacitación: los centros de denuncia carecen de personal especializado y de protocolos claros con perspectiva de género, lo que dificulta la investigación y el procesamiento de los casos.
• Revictimización: la actitud minimizadora de muchas autoridades desalienta a las víctimas, que temen ser nuevamente expuestas o ignoradas durante el proceso.
• Obtención de pruebas: la carga de recopilar evidencias digitales (capturas de pantalla, metadatos, URLs) recae en la víctima, quien debe enfrentar plataformas sin apoyo institucional. Como señala la activista Olimpia Coral Melo, el 70 % de los casos que no llegaron a proceso lo hicieron por falta de pruebas, cuya obtención depende mayormente de las propias plataformas.

En este contexto, el acuerdo de colaboración voluntaria firmado en marzo entre el gobierno mexicano y Google, Meta y TikTok pretende prevenir y atender la violencia de género en el entorno digital. El convenio se organiza en dos ejes, prevención y atención, y contempla el fortalecimiento de herramientas y políticas para erradicar estas violencias.

Aunque el acuerdo reconoce la importancia de la cooperación de los gigantes tecnológicos, su carácter voluntario limita su efectividad. Sin la colaboración de las plataformas para preservar contenidos, facilitar el acceso a datos de usuarios o acelerar la eliminación de material ilícito, los procesos judiciales se debilitan o se quedan estancados.

En contraste, países como Brasil ya han impuesto obligaciones más rígidas a plataformas como X (antes Twitter), exigiendo la eliminación de contenido sexualizado o erotizado de menores y de personas que no hayan dado su consentimiento. Esta diferencia subraya que la existencia de leyes no basta; se necesita un ecosistema donde la colaboración de los actores privados sea obligatoria y esté estandarizada.

En México, el desafío no es sólo normativo, sino de implementación y coordinación entre autoridades y plataformas. Mientras persista la brecha entre la normativa y su ejecución, la justicia seguirá siendo, para muchas mujeres, una cuestión de suerte, como si fuera ganar la lotería.

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