Una cuarta parte de la Amazonía podría llegar al colapso ecológico ante el avance del crimen organizado

El crimen organizado ha alcanzado un nivel crítico en la Amazonía, convirtiéndose en uno de los mayores obstáculos para frenar la destrucción ambiental del bosque tropical más extenso del planeta. Según el informe “El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado”, publicado por International Crisis Group, grupos delictivos operan en al menos el 67 % de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Narcotráfico, minería de oro y la falta de respuestas eficaces de los gobiernos permiten que estas organizaciones mantengan una presencia permanente que amenaza la integridad de la selva y la vida de sus habitantes.

Los impactos son directos e indirectos: contaminación de ríos y suelos, violencia contra comunidades y defensores del territorio, y un riesgo de colapso ecológico que podría afectar entre el 20 % y el 25 % de la región, comprometiendo su capacidad de regeneración. Aun así, el estudio advierte que todavía hay tiempo para mitigar gran parte de esas consecuencias si se adoptan medidas coordinadas.

Principales grupos criminales y sus actividades

Las organizaciones más influyentes en la Amazonía son:

• Comando Vermelho y Primer Comando da Capital (PCC) (Brasil): con cerca de 130 000 integrantes, controlan rutas de exportación de drogas a Europa a través de los puertos de Barcarena (Pará) y Santos (São Paulo). El primero domina la triple frontera Brasil‑Colombia‑Perú y ha incursionado en la minería ilegal de oro en Madre de Dios (Perú) y en Loreto y Ucayali.
• Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Colombia): extiende su presencia a los estados venezolanos de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, donde se apodera de minas de oro y recursos críticos.
• Comandos de la Frontera (ex‑FARC): controlan plantaciones de coca y minas ilegales en Putumayo, Caquetá y Amazonas (Colombia), y tienen presencia en Perú y Ecuador, aliándose con la organización ecuatoriana Los Lobos.
• Los Lobos (Ecuador): compra cocaína y pasta base para exportarla desde el Pacífico y brinda protección a la minería ilegal de oro en Ecuador.
• Los Choneros (Ecuador): rival directo de Los Lobos, busca dominar rutas de cocaína y minas de oro mediante violencia; su accionar ha elevado la tasa de homicidios en provincias amazónicas de 10 a más de 50 por 100 000 habitantes entre 2021 y 2024.

Estas organizaciones también contratan a grupos locales más pequeños para el transporte, la producción y la gestión de laboratorios clandestinos, y establecen vínculos con autoridades y empresas para legitimar sus operaciones ilícitas.

En febrero de 2023, agentes del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) detuvieron a un minero ilegal en un garimpo del territorio Yanomami, en el estado de Roraima, Brasil, ejemplificando la dificultad de combatir estas redes.

El consumo mundial de cocaína, sobre todo en Europa, ha convertido a la Amazonía en la “primera línea” del narcotráfico. Los ríos amazónicos funcionan como autopistas para el traslado de pasta base y cocaína refinada, mientras que los laboratorios clandestinos están dispersos en selvas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La corrupción facilita este flujo: en Perú, el 80 % de los alcaldes electos en cinco regiones amazónicas han sido investigados por la Fiscalía.

La minería ilegal de oro, impulsada por precios que alcanzaron los 170 USD por gramo en enero de 2026, supera en rentabilidad al narcotráfico y genera una competencia violenta por los yacimientos. La extracción utiliza mercurio y cianuro, contaminando suelos y fuentes hídricas, y crea lagunas estancadas que favorecen la malaria. En Roraima, los casos de malaria aumentaron un 233 % y se declaró emergencia sanitaria en 2023; se estima que 570 niños murieron en cuatro años.

Según el informe, al menos dos millones de hectáreas de selva amazónica se han convertido en terrenos degradados y sedimentos expuestos, un incremento del 52 % en seis años. La línea entre actividades legales e ilegales se ha vuelto cada vez más difusa, lo que dificulta la evaluación del daño ambiental real.

Respuesta estatal y alternativas

Las respuestas de los gobiernos y las comunidades han sido fragmentarias y, en la mayoría de los casos, insuficientes. El estudio propone una estrategia integral que combine seguridad, desarrollo económico y reformas legales:

• Crear empleos alternativos viables para poblaciones vulnerables, orientados a la economía verde (ecoturismo, agroforestería, recolección sostenible de productos forestales).
• Capacitar a comunidades indígenas en la recolección de evidencia (fotografías, muestras de agua) para procesos judiciales contra actividades ilícitas.
• Armonizar la legislación ambiental a nivel transfronterizo y reforzar la colaboración entre autoridades de los países amazónicos, apoyándose en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) como plataforma de coordinación.
• Reorientar subsidios e inversiones, retirando apoyos a la agricultura industrial y la ganadería extensiva, y destinándolos a proyectos sostenibles.
• Exigir responsabilidad corporativa: las empresas que comercializan materias primas amazónicas deben demostrar cadena de custodia y contribuir a fondos de conservación como condición para operar.

El informe concluye que, aunque el crimen organizado ha corrompido autoridades, fuerzas de seguridad y comunidades, la unión de iniciativas locales, políticas públicas coherentes y presión internacional puede frenar la expansión de la violencia y la degradación ambiental, garantizando la preservación de la Amazonía para las generaciones futuras.

Mira tambien: