Prohibición de redes sociales a menores: el debate crece entre falta de evidencias e intereses comerciales

Un nuevo estudio elaborado por académicos de la Universidad de California cuestiona la efectividad de prohibir las redes sociales a menores de edad como medida de protección. Tras revisar la literatura existente, los investigadores concluyen que no hay evidencia experimental sólida que demuestre que eliminar el acceso a estas plataformas mejore la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

En los últimos meses, varios países han impulsado normativas para restringir el uso de redes sociales por parte de los menores. En 2023, Australia se convirtió en la primera nación en prohibir las cuentas de redes sociales a menores de 16 años, y desde entonces Francia, España, Dinamarca, Malasia, Noruega, India y Egipto han presentado iniciativas similares que aún están en proceso de aprobación. En México y Estados Unidos, algunos gobiernos estatales también están analizando restricciones de este tipo.

Resultados y limitaciones de la evidencia

Los psicólogos de la Universidad de California, Candice Odgers, Stephen Schueller y Monika Neff Lind, evaluaron la evidencia experimental disponible para responder a dos preguntas clave: si prohibir o reducir el uso de redes sociales tiene un impacto positivo en la salud mental de los jóvenes, y si dichas medidas logran disminuir efectivamente el uso de estas plataformas.

Para ello, revisaron 36 estudios incluidos en dos metaanálisis previos y añadieron cuatro estudios experimentales identificados en bases de datos como ProQuest, PsycInfo, MEDLINE y PubMed, totalizando 40 ensayos controlados aleatorios. El análisis se centró exclusivamente en prohibiciones basadas en la edad, excluyendo restricciones al uso de dispositivos móviles o limitaciones en entornos específicos como escuelas.

Los autores señalaron que, hasta la fecha, no existen datos específicos sobre los efectos de la prohibición de redes sociales en menores de 16 años, que son el objetivo principal de la mayoría de las normativas. Los resultados de los estudios revisados fueron mixtos: un 40 % mostró efectos negativos (por ejemplo, menor satisfacción con la vida y mayor sensación de soledad), mientras que el resto no encontró efectos significativos.

Entre las limitaciones detectadas destacan la corta duración de las intervenciones (de un día a tres meses, con una media de 16,3 días), la mayoría de los estudios limitó el uso a una semana o menos, y solo 21 de los 40 ensayos aplicaron una prohibición total; los restantes implementaron restricciones parciales que permitían cierto tiempo diario de conexión. Además, muchos participantes fueron expuestos previamente a mensajes que advertían sobre los supuestos daños de las redes sociales, lo que pudo sesgar sus respuestas.

En palabras de Neff Lind, “los experimentos con adultos muestran efectos débiles, nulos y mixtos; incluso cuando se les dice repetidamente que las redes sociales son perjudiciales, en promedio encontramos pocos o ningún beneficio”. Por tanto, la evidencia experimental no permite predecir con certeza el impacto que tendría una prohibición total en jóvenes.

Varios científicos que no formaron parte del análisis criticaron la metodología del estudio, argumentando que no siguió los criterios de una revisión sistemática ni realizó un metaanálisis cuantitativo. También cuestionaron la falta de transparencia sobre los criterios de selección y exclusión de los estudios.

El artículo, publicado en la revista Frontiers in Developmental Psychology, reconoce posibles conflictos de interés: Candice Odgers pertenece al Youth and Families Advisory Committee de YouTube, Stephen Schueller asesora a la empresa de salud mental digital Hespace, y Monika Lind posee acciones en Ksana Health, compañía del mismo sector.

En respuesta, Paloma Llaneza, CEO de Razona Legaltech, destacó que el estudio omite aspectos relevantes, como las sentencias recientes contra Meta y YouTube por diseñar sus plataformas con el objetivo de generar adicción en menores, el informe del Surgeon General de Estados Unidos que señala el diseño de estas apps como problema de salud pública, y la literatura sobre la economía de la atención que documenta cómo se explotan vulnerabilidades cognitivas de los adolescentes.

Aunque los críticos reconocen la escasez de evidencia concluyente, advierten que la ausencia de pruebas no justifica la inacción. “En salud pública, la acción cautelar no requiere certeza absoluta, sino indicios razonables de daño, proporcionalidad y falta de alternativas eficaces probadas”, afirmó Llaneza, señalando que los tribunales ya están tomando en cuenta estos criterios.

Especialistas coinciden en que una prohibición total probablemente no será la solución más equitativa ni funcional para abordar los problemas sociales, emocionales y mentales vinculados al uso de nuevas tecnologías en adolescentes. Josep Maria Sueve­ls, investigador del Behavioural Design Lab en el UOC eHealth Center, recordó que el tiempo dedicado a redes sociales reduce la actividad física, el descanso nocturno y la interacción presencial, y expone a los menores a contenidos de riesgo.

Sin embargo, sugiere que la medida más viable pasa por limitar contenidos dañinos (desinformación, violencia, promoción de sustancias y dietas no saludables) y restringir las estrategias de diseño adictivo empleadas por las plataformas, en lugar de intentar prohibir el acceso total a los jóvenes.

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