El gobierno mexicano insiste en que su fracking sería sustentable, pero los expertos no lo ven factible

El gobierno de México ha anunciado oficialmente su intención de impulsar la fracturación hidráulica (fracking) como una alternativa para la generación de energía, asegurando que se buscará una “explotación sustentable” del gas fósil. La medida forma parte de la Estrategia para Fortalecer la Soberanía Energética de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es reducir la dependencia del gas importado de Estados Unidos, que representa alrededor del 75 % del consumo nacional.

Para evaluar la viabilidad de esta política, la presidenta designó un comité de 17 científicos y especialistas que tendrá dos meses para analizar la factibilidad de un fracking “sustentable” y presentar sus recomendaciones. El grupo está integrado por ingenieros, geólogos y académicos de diversas universidades e instituciones, aunque expertos externos señalan la ausencia de profesionales de salud y toxicología.

Los principales argumentos de los expertos

Investigadores consultados por Mongabay Latam consideran que la propuesta del gobierno carece de evidencia científica y se basa en información desinformada. Según Luca Ferrari, del Instituto de Geociencias de la UNAM, las supuestas tecnologías de reducción de impacto —reciclaje de agua no potable y sustitución de químicos por sustancias orgánicas— son todavía experimentales, costosas y no han sido probadas a la escala que México pretende.

Ferrari explica que, en la práctica, sólo entre el 30 % y el 50 % del agua utilizada en el fracking puede reciclarse; el resto sigue siendo contaminado y requiere un tratamiento costoso. Además, los fluidos alternativos “biodegradables” se encuentran en fase piloto y su adopción masiva implicaría un aumento significativo del costo de los proyectos, superando la rentabilidad de la técnica.

Manuel Llano, director de la iniciativa civil CartoCrítica, subraya que la mayoría de las operaciones de fracking en Estados Unidos siguen usando agua dulce por su bajo precio, y que los riesgos para la salud y los ecosistemas están bien documentados. Los estudios compilados por la organización Concerned Health Professionals of New York, que incluye más de 2 300 investigaciones, relacionan el fracking con problemas respiratorios, cardiovasculares, neurológicos, reproductivos y un mayor riesgo de cáncer, así como con emisiones de metano y sismicidad inducida.

En México, la sismicidad provocada por la inyección de agua en formaciones geológicas aún no ha sido evaluada oficialmente, a pesar de que la experta María del Sol Vázquez de León, de la Universidad de Guadalajara, advierte que la actividad puede generar micro‑sismos que amenazan la seguridad de las poblaciones cercanas.

Los datos de Pemex indican que, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018‑2024), se perforaron 168 pozos de fracking en Puebla y Veracruz, y bajo la gestión de Sheinbaum se han abierto 18 nuevos pozos en la misma zona, a pesar de la promesa de prohibir la técnica.

Las comunidades indígenas y campesinas de la Huasteca Potosina, que ya habían declarado libres de fracking en varios municipios, han iniciado movilizaciones para exigir una legislación que prohíba la práctica. Los residentes temen que la supuesta “sustentabilidad” no garantice la protección de sus recursos hídricos ni de la biodiversidad local.

Ante las críticas, la Presidencia ha reiterado que ningún proyecto se ejecutará sin la consulta a las comunidades, aunque hasta la fecha no se ha informado oficialmente sobre la nueva estrategia ni sus implicaciones.

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