La regulación de la IA tiene dividida a la administración de Trump

Estados Unidos se encuentra inmerso en una disputa interna mientras altos funcionarios intentan determinar si es viable revivir la orden ejecutiva sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) que el expresidente Donald Trump anuló de forma inesperada el pasado mes de mayo. La cancelación se produjo apenas unas horas antes de la ceremonia de firma, cuando Trump afirmó que la medida podría frenar la competencia interna y debilitar la ventaja que Estados Unidos mantiene frente a China en la carrera por la IA.

La orden ejecutiva, que había generado gran expectación en el sector tecnológico, contenía una disposición central que establecía un marco voluntario para que laboratorios de IA —entre ellos OpenAI, Anthropic y Google— entregaran a la Casa Blanca acceso anticipado a sus modelos antes de su lanzamiento público, con el fin de evaluar su seguridad cibernética y posibles riesgos para la seguridad nacional. Además, la propuesta permitía que los laboratorios presentaran sus modelos hasta 90 días antes de su publicación.

Principales actores y la dinámica política

Según fuentes cercanas al proceso, la capacidad de la administración para reactivar la orden depende en gran medida de la habilidad de los altos funcionarios de la Casa Blanca para mediar entre facciones opuestas. La jefa de gabinete, Susie Wiles, ha encabezado un grupo de funcionarios que presionan por restablecer la medida, entre los que se encuentran el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el director nacional de ciberseguridad, Sean Cairncross, exestratega político republicano.

Scott Bessent ha emergido como una figura clave en la política de IA de la administración. En las últimas semanas se ha reunido con Dario Amodei, CEO de Anthropic, y con otros ejecutivos del sector para delinear una posible hoja de ruta. Asimismo, se espera que Bessent juegue un papel central en la negociación de normas transfronterizas de IA con China.

El influyente exasesor de IA de Trump, David Sacks, se opone a la iniciativa liderada por Wiles. Sacks sostuvo que la orden ejecutiva resultaría excesivamente onerosa y habría convencido al presidente de cancelar la firma. En una publicación en X la semana pasada, Sacks escribió que “la regulación innecesaria es la mayor amenaza para la innovación en Estados Unidos” y advirtió que la carrera de la IA no solo implica superar a China, sino también sortear obstáculos burocráticos impuestos por legislaturas estatales y políticos progresistas de Washington.

Sin embargo, el mayor escollo para que la regulación vuelva a la agenda podría seguir siendo el propio Trump. Un funcionario de la administración, que habló bajo condición de anonimato, señaló que “resolver las disputas internas solo sirve si al final Trump otorga su visto bueno”.

La portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, declaró que la administración está buscando “el mejor equilibrio entre la regulación de la IA y la preservación de la innovación”.

Otros miembros del gabinete han tomado una postura más distante. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha mantenido un papel limitado en el proceso, pese a su acceso anticipado a nuevos modelos de IA mediante el programa preexistente Center for AI Standards and Innovation. Este programa, reforzado al inicio de la segunda administración de Trump, coordina pruebas y evaluaciones de modelos de IA de vanguardia sin requerir una aprobación previa formal.

El Pentágono también ha desempeñado un rol secundario. El subsecretario Emil Michael, exejecutivo de Uber, ha mostrado mayor interés en garantizar que las fuerzas armadas cuenten con acceso anticipado a los modelos más avanzados.

Un alto funcionario del gobierno enfatizó que la dinámica interna ha sido volátil desde la cancelación de la orden: “Estamos volviendo al punto de partida, así que todo sigue por decidirse”.

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