¿Qué esconden los candidatos colombianos con su agenda ambiental?

Este domingo 31 de mayo se celebrarán las elecciones presidenciales en Colombia. Según especialistas, académicos y dirigentes consultados por Mongabay LATAM, las propuestas ambientales de los candidatos han resultado superficiales y desconectadas de la profunda crisis territorial que atraviesa el país. Los entrevistados señalan la ausencia de planes concretos frente a fenómenos como la deforestación, la minería ilegal, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática.

Los analistas coinciden en que los programas de gobierno de los principales contendientes abordan los grandes conflictos ambientales desde una óptica de seguridad, económica o de confrontación política, dejando de lado temas estructurales como políticas de adaptación climática, mecanismos de conservación en la Amazonía y la protección de defensores del territorio y pueblos indígenas. Los candidatos analizados son Iván Cepeda (Pacto Histórico), Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) y Paloma Valencia (Centro Democrático).

Principales vacíos en las agendas ambientales

Felipe Roa‑Clavijo, ecólogo y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, critica la falta de una visión integral en las propuestas. “Muchos candidatos tratan la presencia de grupos armados en la Amazonía como un problema de seguridad, pero no consideran la ampliación de la frontera agrícola y la ganadería, que son motores esenciales de la deforestación”, afirma.

Roa‑Clavijo subraya que, aunque exista un vínculo entre la deforestación y actividades ilícitas como la minería y los cultivos de coca, otras dinámicas –como la producción de carne y la concentración de tierras– también generan impactos negativos que no aparecen en los planes electorales.

En el caso de Paloma Valencia, su programa incluye medidas de reforestación y pagos por servicios ambientales, pero no aborda la relación entre esas acciones y la expansión agropecuaria que sigue amenazando los bosques. Por su parte, Abelardo de la Espriella y Valencia proponen “erradicar” a los grupos armados y a las economías ilegales como vía para frenar la deforestación, sin considerar otras fuentes de pérdida forestal.

Iván Cepeda, candidato de izquierda, propone la creación de una Unidad de Inteligencia Ambiental que detecte en tiempo real la deforestación, la minería ilegal y la contaminación hídrica. Sin embargo, su propuesta tampoco incluye estrategias para enfrentar la expansión agrícola ni mecanismos de gobernanza que integren a comunidades locales.

Los expertos también señalan la falta de reconocimiento a los derechos y al papel de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales en los programas de gobierno. Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, indica que, aunque los planes mencionan a los pueblos originarios como un elemento simbólico, no ofrecen garantías jurídicas ni administrativas que les permitan ejercer una verdadera autonomía territorial.

Capaz critica la postura de Valencia, quien ha cuestionado los procesos de consulta previa como obstáculos al desarrollo de proyectos energéticos, y la de De la Espriella, quien en una entrevista aseguró que ninguna comunidad “a la brava” detendrá sus proyectos, minimizando el papel de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y de los derechos territoriales.

Pablo Palacios Rodríguez, profesor de la Universidad Javeriana e integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, advierte que los planes se centran en agendas confrontativas y omiten la discusión de los temas rurales y de biodiversidad. “Colombia posee un patrimonio único de servicios ecosistémicos gestionados por comunidades indígenas y afrodescendientes; cualquier plan de gobierno exitoso debe colocar esos recursos y su conservación en el centro de la política nacional”, señala.

En el ámbito energético, los candidatos se enfocan principalmente en la transición hacia fuentes renovables, pero dejan de lado la adaptación al cambio climático. Roa‑Clavijo destaca que el país ya experimenta escasez de agua, aumento de temperaturas y afectaciones a la agricultura, problemas que no aparecen en las plataformas electorales.

La propuesta de reactivación del fracking, defendida por Valencia y De la Espriella, genera alarma entre los analistas. Capaz advierte que retomar esta técnica representaría un retroceso tanto ambiental como de salud pública, y comprometería el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el tratado regional que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.

Independientemente de quién resulte vencedor, los especialistas coinciden en que los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y la protección de la biodiversidad deben ser el eje central de cualquier agenda ambiental y climática. “Las especies no tienen derecho a voto, pero los servicios que brindan son esenciales para la vida en el planeta; no pueden quedar al margen de la política”, concluye Palacios.

El artículo original fue publicado en Mongabay LATAM.

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