Anotaciones para los candidatos presidenciales: brechas rurales, duopolio móvil y el futuro de la regulación

Colombia ha modernizado sus redes de telecomunicaciones a un ritmo superior al promedio de la OCDE, pero la brecha entre áreas urbanas y rurales sigue ampliándose. El informe publicado en marzo de 2026 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a petición de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), muestra cómo la expansión de la infraestructura beneficia mayormente a las ciudades, mientras que los habitantes de zonas rurales navegan cuatro veces más lento que sus pares latinoamericanos.

Brecha digital entre zonas urbanas y rurales

Según datos de Ookla citados en el informe, a finales de 2024 la velocidad de descarga de banda ancha fija en el territorio rural es un 43 % inferior al promedio rural de la OCDE. En el caso de la banda ancha móvil, la diferencia es aún más marcada: 17,6 Mbps frente a los 80,2 Mbps promedio rural de la OCDE latinoamericana, lo que equivale a una reducción del 78 %. En términos prácticos, el colombiano rural navega cuatro veces más lento que el promedio regional.

El acceso sigue siendo limitado: el 34 % de los hogares colombianos no disponía de internet en 2024; en áreas rurales y remotas la cifra alcanza el 58,1 %. Además, solo el 8,1 % de la población rural utilizó herramientas de inteligencia artificial, frente al 18 % a nivel nacional, lo que evidencia una exclusión del futuro productivo.

Avances en infraestructura

• Conexiones de banda ancha fija crecieron 82,2 % entre 2014 y 2024, superando el crecimiento medio de la OCDE (40,6 %).
• La fibra óptica hasta el hogar (FTTH) pasó de una presencia casi nula en 2014 a representar el 48,2 % de todas las conexiones fijas, cifra comparable al promedio OCDE de 46,9 %.
• La penetración de banda ancha móvil aumentó de 39,3 a 95,4 suscripciones por cada 100 habitantes en la misma década.
• Los precios de los servicios triple‑play se redujeron alrededor del 50 % entre 2020 y 2025, y la banda ancha móvil colombiana es más barata que el promedio OCDE en el segundo trimestre de 2025.
• El 5G se lanzó en febrero de 2024 con licencias de 20 años en la banda de 3,5 GHz, pero la adopción es baja: 7,3 suscripciones por cada 100 habitantes, frente al promedio OCDE de 41,4 y por debajo de Chile (28,5), México (14) y Brasil (18,7). Claro concentra el 92,2 % de los 1.433 sitios 5G activos al cierre de 2024.

Concentración del mercado móvil y riesgo de duopolio

Durante la última década, Claro (América Móvil) mantuvo una participación del 56 % al 64 % del mercado móvil. Movistar y Tigo operaban con cuotas entre 13 % y 24 % cada uno. La llegada de WOM en 2021 aportó un 6,2 % de suscripciones en el primer trimestre de 2025, generando una ligera mayor competencia.

Sin embargo, en diciembre de 2024 Tigo (Millicom) anunció la adquisición del 67,5 % de Colombia Telecomunicaciones (Movistar‑Telefónica) por aproximadamente 400 millones de dólares, con opción de comprar también el 32,5 % restante. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la fusión el 13 de noviembre de 2025 bajo condiciones de comportamiento.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) describió la combinación como un “duopolio técnico”, pues Tigo y Movistar sumarían entre el 38 % y el 43 % de las suscripciones móviles, acercándose al 52 % de Claro. Ambas empresas controlan prácticamente todo el acceso mayorista para los operadores móviles virtuales (OMV), generando una dependencia del 100 % de estos últimos respecto a la entidad fusionada.

La CRC identificó riesgos de dominancia colectiva y coordinación tácita que podrían elevar los precios móviles hasta un 37 %. La SIC impuso remedios como tarifas mayoristas reguladas, acceso garantizado para los OMV, restricciones a desmantelar sitios rurales y salvaguardas de portabilidad. No obstante, la OCDE advierte que dichos remedios sólo entrarán en vigor tras la formalización de la transferencia de propiedad, dejando un periodo de vulnerabilidad.

Desafíos institucionales y de financiamiento

El Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) mostró una tasa de ejecución del 60 % en su componente de inversión en infraestructura durante 2024, mientras que las transferencias corrientes a otras entidades alcanzaron el 90 %. El informe señala que recursos destinados a conectar zonas aisladas terminan siendo transferidos al Tesoro Nacional.

El caso de la Troncal de Fibra Óptica (TFO) de la empresa mexicana Azteca Comunicaciones, financiada con recursos del FUTIC y sin lograr viabilidad financiera, ilustra los límites del modelo de mercado puro en áreas de baja densidad poblacional. La OCDE recomienda revisar la gobernanza del FUTIC para asegurar una asignación eficiente y transparente de recursos.

En el ámbito regulatorio, la CRC ha avanzado en la consolidación institucional, pero su independencia sigue siendo incompleta. La Ley 1978 de 2019 la designó como regulador convergente de telecomunicaciones, radiodifusión, servicios postales y contenidos audiovisuales, manteniendo sin embargo la representación del ejecutivo (Presidente y MinTIC) en su junta directiva. La OCDE insta a que todos los comisionados sean nombrados mediante procesos transparentes, basados en méritos y sin asientos reservados al gobierno, para evitar conflictos de interés y fortalecer la autonomía regulatoria.

El Plan Estratégico 2025‑2029 de la CRC, aprobado en marzo de 2025, establece cuatro pilares: derechos de usuarios y audiencias, prospectiva sectorial, mercados y competencia, y fortalecimiento institucional. La agenda regulatoria 2025‑2026 incluye 33 temas, entre ellos la creación de un marco para ISP comunitarios fijos y la revisión de mercados en 170 municipios con infraestructura de transporte limitada.

La OCDE también destaca la elevada carga fiscal del sector: las empresas de telecomunicaciones pagan el 39,8 % de sus ingresos en impuestos y contribuciones, incluido un 4 % de IVA adicional sobre servicios móviles. Esta presión tributaria inhibe la inversión, especialmente entre usuarios de bajos ingresos, y debería ser revisada como parte integral de la agenda de conectividad.

En síntesis, Colombia cuenta con una base tecnológica sólida—fibra en expansión, cobertura 4G amplia, precios más bajos y un regulador convergente—pero enfrenta una brecha urbana‑rural creciente, una concentración de mercado que podría consolidarse en un duopolio y una institucionalidad regulatoria que aún necesita mayor autonomía. La política de “Juntas de Internet” y la inversión adecuada del FUTIC son claves para cerrar la brecha, mientras que la aplicación efectiva de los remedios de la SIC y la reforma de la CRC serán determinantes para mantener la competitividad del sector y garantizar una conectividad de alta calidad para todos los colombianos.

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