El Estado es el principal agresor de los ambientalistas en México

La defensa del medio ambiente en México continúa siendo una actividad de alto riesgo, e incluso mortal. Según el informe más reciente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la violencia contra personas y colectivos ambientalistas sigue en aumento, y el Estado se mantiene como el principal agresor.

“La violencia no solo persiste, sino que se manifiesta en múltiples formas en cada evento, lo que evidencia un contexto de riesgo constante. La continuidad de agresiones letales y las fallas en su registro reflejan la urgencia de fortalecer la protección a quienes defienden el medio ambiente en México”, señaló el organismo.

Cifras clave del informe 2025

La duodécima edición del Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México indica que, durante el último año, se documentaron 10 muertes de defensores y activistas en los siguientes estados:

• Jalisco: 3
• Oaxaca: 2
• Guerrero: 2
• Morelos: 1
• Michoacán: 1
• Puebla: 1

Aunque la cifra mortal está por debajo de los 25 fallecimientos registrados en 2024, el CEMDA advierte que es probable que exista un subregistro, ya que gran parte de la información proviene de colectivos y familiares que a menudo temen denunciar por represalias.

En 2025 se contabilizaron 135 eventos de agresión —entendidos como periodos en los que ocurrieron una o más agresiones contra una o varias víctimas— y 314 agresiones específicas, superando los 94 eventos y 236 agresiones registradas en 2024. Con estos datos, 2025 se posiciona como el segundo año con mayor número de eventos de agresión en la última década, solo por debajo de los 197 registrados en 2022.

Geográficamente, la mayor concentración de incidentes se dio en la Ciudad de México (39 casos), Puebla (20) y Oaxaca (17), lo que representa el 56.2 % del total nacional.

Perfil de las víctimas y tendencias

Los grupos más vulnerables siguen siendo las comunidades originarias, que concentran el 11.3 % de las víctimas. Le siguen los defensores independientes (3.3 %), abogados (2.6 %) y académicos (2 %). El informe destaca un alarmante aumento del 171 % en los ataques dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, que son agredidas por su labor de defensa y acompañamiento en casos de derechos humanos ambientales.

En cuanto al género, 158 víctimas fueron hombres y 89 mujeres. Las agresiones contra mujeres aumentaron un 62 % respecto a 2024, evidenciando la persistencia de violencia estructural contra ellas.

Responsables y modalidades de violencia

El Estado mexicano sigue siendo el principal agresor: autoridades gubernamentales participaron en 76 eventos de agresión, lo que equivale al 56.2 % del total. No se documentaron ejecuciones extrajudiciales, pero el CEMDA aclara que la ausencia de registros no implica que no hayan ocurrido.

Otros responsables identificados fueron la delincuencia organizada (13 eventos, 9.6 %) y actores de la iniciativa privada (12 casos, 8.8 %). Además, la violencia se ha desplazado también al entorno digital; se observó un aumento en el uso de plataformas en línea para difamar, estigmatizar y amenazar a organizaciones y defensores desde el anonimato.

El CEMDA reiteró su preocupación por la falta de políticas públicas eficaces que garanticen la seguridad de personas, comunidades y colectivos que protegen el medio ambiente, la tierra y los recursos naturales del país.

Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo del CEMDA, subrayó que “desde hace más de una década se ha insistido al Estado en la necesidad de asignar recursos financieros y humanos suficientes para garantizar un entorno propicio donde las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales puedan ejercer su labor de forma libre y segura”.

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