EE UU acusa a gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el narco

El ministro de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), Terry Cole, y el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, presentaron una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador del estado mexicano de Sinaloa, y contra nueve funcionarios, tanto en activo como retirados, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Según la denuncia, los acusados formarían parte de una red criminal que habría facilitado delitos como tráfico de drogas, operaciones con armas y secuestros.

Acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y funcionarios

Además de Rocha Moya, el documento judicial incluye a:

• Enrique Inzunza Cáceres, senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa;
• Enrique Díaz Vega, exsecretario de Minería y Finanzas;
• Dámaso Castro Saavedra, fiscal general de la Fiscalía General estatal;
• Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública;
• José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la policía estatal;
• Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán;
• Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras Núñez, exjefes de la policía de investigación de la Fiscalía;
• Juan Valenzuela Millán, exoficial de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.

Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos explosivos, y conspiración para poseerlos. Las autoridades estadounidenses solicitan, como sanción, una pena de cadena perpetua con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión. En el caso de Valenzuela Millán, los cargos también abarcan conspiración para tráfico de drogas y armas, así como secuestro con resultado de muerte de una “fuente de la DEA” y de una persona cercana a ella, delitos que, de probarse, conllevarían la misma pena mínima.

Según Cole, “los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando la entrada de drogas letales a nuestro país. Ninguno está por encima de la ley. Continuaremos ejerciendo presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan, para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.

Por su parte, Clayton afirmó que “organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con libertad ni alcanzar sus objetivos sin el respaldo de funcionarios y políticos corruptos. El apoyo de servidores públicos extranjeros al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a quienes colaboran con el narcotráfico; sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.

Presuntos pagos millonarios y favores políticos

La acusación sostiene que el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones más violentas del mundo, mantiene colaboraciones con células criminales en diversas regiones, incluidos productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, y fabricantes de precursores químicos en China. El documento subraya que el grupo no solo se apoya en alianzas con funcionarios y elementos policiales mexicanos, sino que también tendría nexos con políticos corruptos en Centro y Sudamérica.

Según el texto, los acusados habrían abusado de sus posiciones de confianza para proteger a líderes del cártel, proporcionar información confidencial que facilitara la logística criminal, resguardar cargamentos de droga mediante la intervención de fuerzas del orden y omitir la persecución de actos de violencia relacionados. A cambio, “recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”, además de otros beneficios que les permitieron mantenerse o acceder a cargos de poder.

Los vínculos se habrían extendido a la facción conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. El documento indica que “Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa el 1 de noviembre de 2021, luego de que Los Chapitos supuestamente lo ayudaran a resultar electo, entre otras acciones, mediante secuestro e intimidación de sus rivales”. A cambio, el gobernador habría asistido a reuniones con el grupo y prometido protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de droga a Estados Unidos.

El expediente también señala que Juan Valenzuela Millán habría recibido más de 1 600 dólares mensuales de Los Chapitos a cambio de “acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán” y de poner a disposición de la organización a elementos de esa corporación para mantener el control territorial. Además, en octubre de 2023, Millán habría ayudado a Los Chapitos a secuestrar a una fuente confidencial de la DEA y a un familiar de esta, quienes fueron torturados y asesinados bajo sospecha de proporcionar información a la investigación.

Desde sus redes sociales, el gobernador Rocha Moya rechazó categóricamente los señalamientos, calificándolos de “carecer de veracidad y fundamento” y asegurando que se demostrarán en su momento. Añadió que la acusación representa no solo un ataque directo a su persona, sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus liderazgos emblemáticos y a los mexicanos que representan esa causa, describiéndola como una “perversa estrategia para violentar el orden constitucional y la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Uso de tecnologías avanzadas por los cárteles

El documento no precisa los medios ni la forma en que se obtuvo la información que sustenta los alegatos, pero la acción judicial reaviva las inquietudes sobre supuestos vínculos entre el narcotráfico y autoridades mexicanas, así como los riesgos asociados al uso de tecnologías avanzadas por parte de estas organizaciones.

En febrero de 2024, la Fiscalía General de Colima detuvo a ocho policías municipales de Manzanillo por presuntamente filtrar información y brindar apoyo logístico al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante la aplicación de mensajería Threema, que opera bajo el principio de “privacy by design” y garantiza anonimato mediante identificadores numéricos únicos sin requerir números telefónicos ni correos electrónicos.

Además, un informe titulado “El uso de la inteligencia artificial por redes criminales de alto riesgo”, elaborado por Juan Manuel Aguilar, investigador posdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, destaca que tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa han incorporado herramientas de IA similares a ChatGPT para simular secuestros, suplantar identidades, manipular emocionalmente a víctimas y ejecutar extorsiones digitales con mayor eficacia. Estas tecnologías también optimizan procesos internos, agilizan el movimiento de recursos ilícitos y evaden controles de seguridad.

Aguilar advierte que esta transformación tecnológica desafía los mecanismos tradicionales de seguridad y gobernanza, los cuales resultan insuficientes frente a la rápida adopción de tecnologías por parte de las redes criminales. Concluye que “ya no basta con neutralizar operativos armados; es necesario entender y desactivar las arquitecturas técnicas que sostienen la violencia automatizada”.

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